Susana Díaz se aleja de la renovación de la RTVE que impulsó el PSOE y defiende un consejo de Canal Sur politizado

En junio de 2017, una mayoría parlamentaria en el Congreso doblegó al Gobierno de Mariano Rajoy, obligando al PP a votar en contra de su propia ley -aprobada en 2012 por mayoría absoluta- para cambiar el sistema de elección del presidente de la radio y televisión pública estatal (RTVE) y de los miembros del Consejo de Administración. El objetivo era la “regeneración democrática”, “despolitizar y profesionalizar” el ente público, “recuperar unos medios de comunicación plurales, independientes y al servicio del ciudadano”.

La iniciativa partió del PSOE. Los socialistas presentaron una proposición de ley -pactada con Unidos Podemos y a la que se sumó Ciudadanos- para reinstalar el modelo de nombramiento impulsado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo el Congreso lo apoyó -334 votos y tres abstenciones-, pero el acuerdo fue posible por la confluencia de los dos grandes partidos: PP y PSOE.

Dos años después de aquello -y toda una convulsión política entremedias- esos dos mismos partidos han vuelto a ponerse de acuerdo en Andalucía para renovar el Consejo de Administración de Canal Sur y la dirección del Consejo Audiovisual, tras más de un lustro de bloqueo. Este acuerdo también ha concitado el consenso unánime de todas las fuerzas del Parlamento andaluz, sólo cinco meses después del cambio histórico que se produjo con la salida del poder del PSOE y la entrada del primer Gobierno de PP y Cs, apoyado en Vox. Pero, una vez pactada la reforma y consensuados los nombres de los periodistas que pilotarán la nueva etapa de Canal Sur (Rafael Porras y Juan de Dios Mellado) y el Audiovisual (Antonio Checa), los dos grandes partidos andaluces se han apresurado a recolocar a sus políticos en los sillones del nuevo Consejo de Administración de la RTVA.

La politización de los órganos de extracción parlamentaria que ejercen de contrapoder al Gobierno andaluz ha desatado una pequeña crisis de representación institucional. Todos los partidos han colocado en Canal Sur y en el Consejo Audiovisual a miembros de sus aparatos políticos y de propaganda o a diputados que perdieron su cargo en las pasadas elecciones. De los nueve miembros del nuevo Consejo de Administración de la RTVA, sólo había tres periodistas propuestos: uno por el PP, Rafael Porras, que ocupará la presidencia; otra elegida por Ciudadanos, la jefa de prensa de la UNIA, Inmaculada Trenado; y el tercero, a propuesta de Vox, es el actual jefe de prensa de su grupo parlamentario, Carlos Morillas. PSOE, PP y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) abandonaron su discurso de “regeneración, pluralismo e independencia” para recolocar a políticos que habían perdido su cargo público.

La coalición de izquierdas, dirigida desde hace apenas unos días por Toni Valero, rectificó el martes tras la ola de críticas (internas y externas), y optó por retirar el nombre de su secretario de Organización, Francisco Javier Camacho, para sustituirlo por el de Esther Fernández, periodista con plaza fija del grupo parlamentario de IU. Este cambio ha permitido ajustar la composición al requisito legal de la paridad, que no cumplía la primera propuesta de nombres, donde había seis hombres y tres mujeres.

Críticas del sector

La Agrupación de Trabajadores de Canal Sur ha rechazado públicamente que “los partidos vengan de nuevo a utilizar el Consejo de Administración como otro brazo político en lugar de como una institución clave en el futuro de la RTVA”. La Asociación de la Prensa de Sevilla ha demandado una “rectificación” a los partidos por “la falta de respeto a los profesionales” y el “fraude a la ciudadanía” que, según dicen, supone esta “pretendida regeneración” de la RTVA, que “se ha convertido en degeneración”. El Colegio de Periodistas ha censurado el “uso partidario” de la elección de los miembros del Consejo. El futuro presidente del Consejo, Rafael Porras, admitió el martes en una entrevista que los partidos “han perdido la oportunidad de creerse sus propias palabras cuando siempre han señalado su intención de profesionalizar los órganos de gestión de la empresa pública y de los órganos de extracción parlamentaria”.

Las críticas más duras han recaído sobre el PSOE, impulsor de la reforma de regeneración de la RTVE que aprobó el Congreso hace dos años. En ese momento, los socialistas estaban descabezados: el secretario general, Pedro Sánchez, había dimitido hacía unos meses y abandonado su escaño en el Congreso, empujado por una rebelión interna pilotada por Susana Díaz. El PSOE lo dirigía una comisión gestora monitorizada por los susanistas. Uno de los que jugó un papel esencial en aquel motín fue el sevillano Antonio Pradas, entonces número tres de la dirección federal, muy leal a la ex presidenta andaluza. Cuando Sánchez recuperó la secretaría general del partido en unas primarias contra Susana Díaz, el nombre de Pradas volvió a aparecer: la andaluza lo metió en la lista electoral al Congreso, y Ferraz lo sacó a las bravas. Ahora Díaz recupera a Pradas -sin cargo público ni ocupación- para uno de los sillones del Consejo de la RTVA, alegando que es “licenciado en Derecho” y cumple el perfil que establece la ley del ente público, a saber: “Persona de reconocida cualificación y experiencia profesional”.

Los socialistas que promovieron la reforma de la radio y televisión pública estatal no han usado los mismos criterios para la renovación de la RTVA. Su propuesta, la que forzaron al Gobierno de Rajoy a apoyar, acordaba consensuar las bases de un concurso público para elegir a los candidatos a formar parte del Consejo de Administración, compuesto por nueve miembros (uno de ellos el presidente de la corporación). El texto pactado establecía que esos candidatos tendrían que presentar un proyecto para la corporación y se someterían a “un comité de expertos formado por personas de reconocido prestigio profesional cuyos miembros serán designados para cada ocasión por sorteo de entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios”

El citado comité, decía la propuesta del PSOE, “hará públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la comisión competente (la de RTVE) para la correspondiente audiencia con los candidatos”. La votación final se mantendría residenciada en los plenos del Congreso y el Senado. Los nombres tendrían que ser apoyados para ser elegidos por dos tercios de la Cámara, como el presidente. Si no se daba esa mayoría cualificada en la primera votación, se elegiría en segunda vuelta por mayoría absoluta.

Pese a lo aprobado, a día de hoy no se ha nombrado un nuevo Consejo en la RTVE, existe una administradora única -la periodista Rosa María Mateo- nombrada provisionalmente a través de un decreto de Pedro Sánchez. Todo está en el aire a la espera de que se constituya el nuevo Gobierno, y existen dos posibles caminos: o bien seguir adelante con el concurso público que se quedó en suspenso con la convocatoria de elecciones -del que saldrían los consejeros y presidentes entre los 20 candidatos que pasaron el corte- o bien empezar la elección desde cero y, entretanto, designar a dedo a otro administrador del ente público.

Periodistas y políticos

Las críticas en Andalucía no han hecho vacilar ni al PSOE ni al PP. Preguntado al respeto, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido a todos los nombres propuestos porque cumplen los requisitos que marcan la ley, todos están capacitados“. Bendodo ha enmarcado las preguntas de los periodistas en el terreno del corporativismo. ”Entiendo que ustedes que son periodistas querían que se nombrase a periodistas. Pero estamos en una sociedad transversal donde un periodista puede ser político y un político periodista“, advierte el consejero, de cuyo departamento dependerá la RTVA.

El PSOE y, en menor medida, el PP han colocado a ex diputados que perdieron su escaño en las pasadas elecciones, que fueron relegados en las listas por sus propios partidos o que ya no ocupaban ningún cargo público. Ciudadanos y Vox han elegido a personas ligadas a la comunicación. La ley que regula el Audiovisual establece que sus miembros deben ser “profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural y social”. La ley que regula la RTVA exige “personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”. La definición es tan amplia y genérica, que los partidos han interpretado que en esos perfiles encajan sus políticos sin escaño, miembros de su ejecutiva y jefes de prensa. 

Los socialistas, que ocupan tres sillones del Consejo, han propuesto al ex diputado en el Congreso, ex número tres del PSOE federal y ex alcalde del municipio de El Rubio, Antonio Pradas, después de que éste fuera vetado por la dirección federal de su propio partido en las listas al Congreso y al Senado, por encabezar el golpe de mano de los afines a Susana Díaz contra Pedro Sánchez. Los otros dos nombres son los de Antonio Rodríguez Martínez, secretario de Organización del PSOE de Almería, y ex alto cargo de la Junta; y Olga Manzano, ex diputada en el Parlamento andaluz por Granada, y ex portavoz en la comisión de la RTVA en la pasada legislatura. Manzano es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.

El PP ha propuesto al periodista Rafael Porras, ex director de El Mundo Andalucía y del diario económico Expansión, y a la ex diputada por Málaga Mariví Romero, que se ha quedado sin escaño en esta legislatura. Ciudadanos ha propuesto a profesionales vinculados a la comunicación: Inmaculada Trenado e Iván Tarín, consejero delegado de la agencia de publicidad Arena, nombres respaldados por todo el grupo parlamentario.

Este miércoles, los nombres propuestos tanto para la RTVA como para el Audiovisual tendrán que comparecer ante la comisión de nombramientos del Parlamento para que avalen su idoneidad, antes de que la propuesta sea elevada al Pleno de la Cámara.