La presa de Alcolea aclara su futuro pero no las dudas sobre un agua que vendrá de uno de los ríos más tóxicos del mundo

La presa de Alcolea, en término del municipio onubense de Gibraleón, empezó a construirse en 2014 pero en 2017 se pararon los trabajos cuando estaban más o menos al 23%. Ocho años después, los gobiernos central y andaluz ya han acordado reanudarla y ultiman los detalles de cómo se hará, un horizonte que se aclara pero sin terminar de despejar la gran incógnita sobre la calidad de las aguas que almacenará. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que se alimentará del Odiel, uno de los ríos más contaminados del mundo, con una elevada acidez y cargado de metales pesados.

Durante este tiempo se han cruzado informes científicos contradictorios, incluso el Ejecutivo andaluz impulsó uno que después desmontó en parte la propia consultora que lo realizó. Todo esto ha generado unas dudas con las que se ha justificado el Ministerio para la Transición Ecológica (responsable de la obra, declarada de interés general) para frenar el proyecto. En el otro lado del cuadrilátero ha estado la Junta de Andalucía, que insiste en la viabilidad del embalse y llegó a constituir junto a los regantes onubenses un grupo de presión para que el Estado lo acabase.

Lo cierto es que ni una parte ni otra ha acometido un estudio que pueda considerarse definitivo, nadie ha logrado atajar la incertidumbre. De hecho, el Ministerio mantiene sus sospechas y lo que hace es sacudirse la obra, que terminará y gestionará el Gobierno andaluz a cambio de otras iniciativas hidráulicas en la provincia de Huelva por el mismo importe. Así la Junta logra desbloquear el embalse que tanto ha reivindicado, pero asume en solitario el riesgo si después sus recursos no son viables.

Una declaración ambiental vigente

A día de hoy hay dos evidencias, la primera de las cuales es que las aguas del Odiel son tóxicas, con elevadas concentraciones de ácido sulfúrico, óxido de hierro y otros minerales (aluminio, cadmio, manganeso o zinc) que proceden de filtraciones de antiguas minas ya abandonadas. La segunda es que está vigente la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2000, que admite la “alta” contaminación minera del río pero que autoriza la infraestructura siempre y cuando incluya medidas correctoras para tratar el recurso.

La tesis que sostiene este documento ambiental es que el embalse permitirá mezclar las aguas que discurren a lo largo del año con las de riadas, “reduciendo, inicialmente por dilución y posteriormente por decantación, la carga contaminante del conjunto”. Como ejemplo se ponen las vecinas presas del Chanza y Olivargas, en las que “los metales pesados que lleva el agua se depositan en los sedimentos del fondo, obteniéndose agua de salida para suministro con valores admisibles de contaminantes”.

A esta conclusión llevan años agarrándose el Gobierno andaluz y los regantes, y es que la mayor parte de los recursos del embalse –con una capacidad total de 246 hectómetros– están ya comprometidos para regadío en el Plan Hidrológico 2023-2027 del Tinto, Odiel y Piedras, la demarcación a la que pertenece. Esto permitiría asumir en Huelva uno de los mayores incrementos de dotación para riego de toda Europa.

Reducir previamente los vertidos ácidos

Pese a lo que postula la declaración ambiental, han sido numerosas las voces científicas que durante estos años se han alzado. Uno de los estudios que más impacto consiguió fue el que a finales de 2020 realizó la Fundación Nueva Cultura del Agua para la organización ecologista WWF, en el que se insistía en los problemas de acidez y se apuntaba a varios agujeros en la declaración de impacto ambiental. A este trabajo respondió el Gobierno andaluz con un estudio que descartaba problemas con la calidad del recurso.

El trabajo lo desarrolló el prestigioso instituto de investigación de agua Deltares (Países Bajos) que poco después rectificó sus propias conclusiones en una adenda al informe original, reconociendo que sus conclusiones se basaban en pocos datos (y además aportados por el cliente) y contenían errores. Con esta corrección admitía que existe una elevada incertidumbre sobre la calidad del agua del embalse, pese a lo cual el Gobierno andaluz ha seguido esgrimiendo el estudio inicial (omitiendo estas modificaciones posteriores) para respaldar su reclamación de que se concluya la presa.

Un año después, era el Ejecutivo central el que ponía sobre la mesa un análisis realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Transportes, que volvía a alertar de la presencia de contaminantes en el agua y apuntaba que ninguno de los informes realizados hasta la fecha era concluyente. La recomendación era estudiar la cuenca durante todo un ciclo hidrológico, para lo que se anunció un nuevo estudio en profundidad que nunca llegó a concretarse.

Otras voces también han puesto en duda que los recursos se vayan a autodepurar, alertando del riesgo de que sean inservibles después de acometer una inversión que inicialmente era de 89 millones de euros. Especialmente activos han estado investigadores de la Universidad de Huelva, concretamente del Departamento de Ciencias de la Tierra, lo que les ha valido no pocas críticas y acusaciones de frenar el desarrollo de la provincia.

La acidez obligaría a un tratamiento costoso

Una recopilación de todos estos estudios se publicaba el año pasado con el título de El problema del drenaje ácido de minas en la Faja Pirítica Ibérica, un volumen editado por la propia universidad onubense con las aportaciones de varios profesores encabezados por el catedrático Manuel Olías. Y la conclusión es contundente: antes de abordar el embalse “sería necesario reducir los vertidos ácidos” en la cuenca del Odiel “entre el 45 y el 70%”.

La única manera de mejorar el Odiel pasa por eliminar los lixiviados mineros, lo que implica sellar y depurar decenas y decenas de antiguas explotaciones mineras, una operación cuyo coste se ha cifrado en un mínimo de 600 millones de euros. Si no se acomete este trabajo previo, los investigadores de la Universidad de Huelva han concluido que en Alcolea se mantendrán unos valores con los que “es evidente que sus aguas tendrían condiciones ácidas”.

¿Significa esto que el recurso no sería aprovechable? No, pero sí “obligaría a un caro tratamiento” mediante neutralización para que esté apto para el riego o el abastecimiento humano. La declaración ambiental de la presa, por su parte, admite que de partida el agua no será del todo aprovechable, por lo que aboga por una planificación con la que, “en primer lugar, se satisfagan las necesidades menos exigentes en cuanto a calidad, como son los usos industriales y el riego en suelos con cal, dejando los otros usos para cuando la calidad sea la consolidada, pasado un período de tiempo”.

Medidas correctoras

El documento ambiental insta a la construcción de varias medidas correctoras, como cunetas laterales de 'by-pass' o perimetrales al embalse, por las que se deriven los aportes de caudal mínimo (que son las que tienen mayor carga contaminante), además de la realización de un tratamiento físico-químico, añadiendo cal, precipitando hidróxidos de hierro y separando sólidos insolubles. Es decir, se admite que hay un problema con la calidad de los recursos, pero se considera que con todos estos procesos se conseguirá un agua “con clasificación de prepotable”.

Pese a que formalmente no se ha acabado con la incertidumbre, las comunidades de regantes onubenses no han cejado en su reclamación de concluir Alcolea y han llegado a denunciar que no se construía por los intereses políticos del Ejecutivo central. Y aunque el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, admitió en su momento el riesgo tóxico de las aguas, tras la DANA de Valencia le dio una vuelta al enfoque y alegó motivos de “seguridad” para acometer el proyecto en una carta que envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y de fondo, siempre ha estado la cuestión económica. El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) realizó en 2019 un estudio que cifraba en 24.000 las hectáreas de regadío que se activarían y que, en conjunto, la presa traería bajo el brazo 18.000 empleos, 14.000 de ellos en la agricultura. También se defiende que garantizará el abastecimiento de agua a la ciudad de Huelva, atenderá las necesidades industriales –con el hidrógeno verde como emergente protagonista–, aportará recursos para disminuir la presión del riego en Doñana y regulará el cauce del Odiel para reducir el riesgo de desbordamientos.