Susana Díaz desoye la propuesta de Sánchez para limitar los aforamientos en las Comunidades Autónomas
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley para la reforma exprés de la Constitución que permitirá, en un plazo de 60 días desde su aprobación, limitar los aforamientos, una figura jurídica que protege a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario. A priori, la propuesta del presidente Pedro Sánchez cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante, puesto que una moción similar de Ciudadanos se votó este martes en el Congreso y recibió el respaldo de 253 diputados (Cs, PP y PSOE) y 87 abstenciones (el resto de grupos). La medida de Sánchez contempla un segundo punto en el que se insta a las comunidades a suprimir también el aforamiento de sus políticos, dado que el Ejecutivo central no tiene competencias para hacerlo, al estar blindada esta figura en sus Estatutos de Autonomía.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ya había rechazado abordar esta reforma cuando se lo exigió su ex socio de legislatura -Ciudadanos- a la vuelta de vacaciones, y ahora ha vuelto a responder con un “no” rotundo a la propuesta del presidente del Gobierno. El portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha confirmado este martes que la presidenta se reafirma en sus argumento contrarios a abordar una reforma “muy complicada” en la recta final de legislatura. “No ha tiempo. Y en los últimos meses del mandato no es el momento procesal oportuno, porque la eliminación de los aforamientos en Andalucía requiere un mecanismo más complicado que una simple reforma exprés de la Constitución”, ha explicado Blanco.
En efecto, la inmunidad jurídica de los diputados andaluces está recogida en el Estatuto de Autonomía, y para suprimirla se necesita reformar una norma que tiene rango de ley orgánica. Primero tendría que ser aprobada en el Parlamento andaluz por mayoría de dos tercios, luego ratificada por las Cortes Generales, y finalmente sería sometida y confirmada por un referéndum de los andaluces.
El plazo más optimista, según los juristas consultados, es de seis meses. Sin embargo, el Estatuto andaluz también recoge, en su artículo 249, un “procedimiento simplificado” que agilizaría la reforma, en caso de que ésta “no afectara a las relaciones de la Comunidad con el Estado”. En este caso, bastaría con aprobar la reforma en Andalucía y someterla a consulta del Congreso en el plazo de 30 días. Preguntado al respecto, el portavoz de la Junta ha explicado que no conocía el procedimiento abreviado.
En todo caso, el rechazo de Susana Díaz a asumir la propuesta del presidente Pedro Sánchez -y por extensión de sus ex socios de Ciudadanos- ha servido de munición a sus rivales políticos, que este martes han vuelto a cargar contra la líder andaluza. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha subrayado las “contradicciones” entre la política de regeneración democrática en Madrid y en Andalucía, y el portavoz andaluz de Cs, Juan Marín, se ha reafirmado en que su pacto político sigue roto.
