Si estamos en crisis ¿qué importa el debate territorial?

El debate territorial, en boca de todos los partidos y omnipresente en los medios de comunicación, está muy lejos de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ni siquiera figura en el listado de “preocupaciones”, si acaso lo más parecido es el epígrafe “los nacionalismos”, que en todo caso en la última entrega de la encuesta figuraba como una de las cuestiones que menos inquietan a la gente. Por tanto, si las encuestas más prestigiosas desvelan constantemente que las mayores preocupaciones de los ciudadanos son el desempleo y la corrupción, ¿por qué es importante el debate territorial en el que, además, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha apostado por tener un papel protagonista?

“Es importante porque afecta a nuestra convivencia. Claro que ahora tenemos delante la salida de la crisis y lo que está suponiendo: un paro insoportable, un descenso notable del nivel de prestaciones sociales, la disminución de los salarios, es decir más pobreza y muchos más necesitados haciendo cola en las casas de acogidas y de reparto de comidas. Y más mendigos en la calle. Que nuestros políticos no se distraigan de eso es importantísimo y vital. Pero el debate territorial es paralelo y necesario, porque está sobre la mesa y no se puede rehuir”, resume Juan José Hinojosa Torralvo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga.

Es más, aclara que el hecho de que estemos en crisis está muy relacionado. No puede olvidarse que la espoleta que ha hecho saltar el debate soberanista en Cataluña ha sido la cuestión financiera. Recuerda que cuando reformó el Estatuto de Cataluña en 2006 se introdujeron muchas competencias financieras que esta autonomía demandaba desde hacía tiempo. Entre ellas, la posibilidad de que la agencia tributaria catalana pudiera recaudar todo en su territorio y “el llamado principio de ordinalidad, según el cual, la aportación de Cataluña a los fondos de solidaridad interregional no podía provocar que se situara en un orden de renta por cápita inferior al que tenía (el tercero, detrás de Madrid y Baleares)”. En estos momentos está en el séptimo, pero no porque haya menos renta por cápita, sino porque otras comunidades autónomas más pobres han subido.

De hecho, apunta que la crisis ha sacudido a Cataluña de manera profunda porque su administración “era y es muy fuerte”. La salida a este problema no se ve ya en el actual modelo de financiación, sino en tener uno parecido al vasco y navarro, “es decir que permita a Cataluña recaudar todos los impuestos en su territorio y colaborar a las cargas comunes como lo hacen navarros y vascos”. Pero tanto el Gobierno de la Nación como el resto de las autonomías “lo han rechazado de modo más o menos velado, porque les perjudicaría enormemente”. Entiende por ello que “todo esto ha sido un caldo de cultivo excelente para abrir la cuestión soberanista”.

En este contexto, aboga por un papel protagonista de Andalucía. “Pero no sólo por ser la comunidad autónoma más poblada, sino porque Andalucía ha ido ganando peso con el paso de los años en el concierto político nacional. Pero además porque es también la comunidad autónoma que más ha progresado en la prestación de servicios sociales”, insiste. Por tanto, recalca que no sólo se juega un papel político, sino que la cuestión tiene una dimensión social. “En cualquier debate que afecte a los límites del desarrollo del llamado estado del bienestar y de las prestaciones sociales tiene que estar Andalucía en primera línea”, asevera.

El coordinador del Foro Permanente sobre el Estado Autonómico, Miguel Agudo Zamora, coincide en que una de las claves está en que cuando hablamos de construir el modelo que queremos para el país, se definen también cuáles deben ser los pilares para garantizar el estado de bienestar, entre otras cosas por el hecho de que “buena parte de las competencias referentes a materias objeto de derechos de prestación ha correspondido en su asunción a las comunidades autónomas”.

Opina que esto propicia que desde Andalucía se contribuya a reflexionar y a formar una posición que sirva para encontrar respuestas a la cuestión, “máxime en momentos complejos” como los actuales. La experiencia histórica que aporta Andalucía y la apuesta que se propone por un nuevo discurso basado en la pluralidad cultural y la identidad política democrática puede situar hoy a esta comunidad autónoma, como lo hizo en los años de la transición, de nuevo en el centro de la discusión. Todo ello para constituirla “como laboratorio que facilite una reforma democrática y equitativa del modelo emanado de la transición”. Este doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba expone en este sentido: “En los últimos 30 años, Andalucía ha evolucionado considerablemente en el campo social, cultural y económico. La Constitución de 1978 y los dos estatutos de autonomía que se han aprobado en este periodo han constituido el marco que ha posibilitado este incomparable desarrollo social. Han sido 30 años en los que Andalucía, dentro del marco constitucional, ha desarrollado sus propias políticas y ha experimentado un enorme progreso en todos los campos”.

El responsable de este foro, creado por el Centro de Estudios Andaluces, entiende igualmente que ese desarrollo es indefinido y que siempre habrá aspectos que mejorar y siempre aparecerán problemas nuevos que resolver. “Pero nadie, honradamente, puede negar que el avance económico, político, educativo, social y cultural que ha experimentado Andalucía en estos años ha sido espectacular. Por ello, la voz de Andalucía debe de ser escuchada con la máxima intensidad. Por eso ha de plantearse como opción viable que, entre la recentralización y la huida soberanista, haya que apostar por la tercera vía, la de un golpe de timón federal que cierre el modelo, desde la clave de la cohesión social y territorial haciendo real el principio de solidaridad”, agrega, recordando que está recogido en la Carta Magna.

Se ha avivado pero no es nuevo

Por otro lado, Miguel Agudo Zamora incide en que “históricamente” esta cuestión “se ha sustanciado en Andalucía en un debate más amplio sobre libertades, demandas de apertura política, de democracia plena y de equidad social y territorial”. En Andalucía, el trato desigual, y la plasmación de las consiguientes desigualdades, se han identificado históricamente con el estado unitario, “siendo la autonomía el camino -no exento de dificultades y de errores- para el intento de superación de todo aquello”. Reconoce que algunos problemas históricos siguen subsistiendo, pero la experiencia “parece indicar que ante esta realidad la solución pasa necesariamente por más democracia y por la apuesta por una redistribución territorial del poder acorde a los principios de equidad, participación y solidaridad presentes en aquella en su versión de democracia plena y no meramente formal”.

De todas maneras, pese a que se ha avivado por la pretensión de Cataluña de convocar una consulta soberanista, no es nuevo, como recuerda Juan José Hinojosa Torralvo. Surgió hace casi un siglo, estuvo presente durante segunda república, quedó oculto en la dictadura y se reabrió durante la transición. “En la actualidad, después de las reformas estatutarias sucesivas, todo está muy equiparado. Pero esta igualdad entre todas las CCAA nunca ha sido aceptada por Cataluña en la medida en que supusiera un recorte de sus aspiraciones. La frase que ahora está de moda, el café para todos, fue rechazada ya por el presidente catalán Jordi Pujol hace más de 25 años. Y recuérdese también que este tema ha estado candente siempre en el País Vasco, que quiso convocar una consulta de este tipo, pretensión contra la que el Gobierno de José María Aznar conjuntamente con el PSOE actuó reformando el Código Penal, para castigarla como delito y que sólo cuando se creyó que el problema vasco de fondo y el fin de ETA se acercaba, se derogó esa norma penal”, concluye.