Retranqueos, eliminación de motas o crear zonas inundables: las instituciones acuerdan cómo actuar en el Ebro
El Gobierno de Aragón presentó el pasado miércoles a los miembros de la plataforma de afectados por las crecidas del Ebro, formada por los municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baja del Ebro, una serie de iniciativas para actuar en el río. Estas son el fruto de las reuniones periódicas que mantienen la Administración General del Estado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, señaló que el encuentro con los miembros de la plataforma –“que ya estaba convocado antes de la última riada”-, se centró, no tanto en cómo hacer frente a los daños que ya se han producido o en las indemnizaciones -de lo que ya se ha hablado-, “sino que se ha hecho un planteamiento de lo que hay que hacer de manera más urgente, con el objetivo prioritario de proteger a las poblaciones en próximas venidas, así como de reducir los cuantiosos daños que siempre se traducen en elevadas indemnizaciones y coste público”.
En este sentido, insistió en que la prioridad absoluta del Gobierno de Aragón es la protección permanente de los núcleos urbanos y que, “más allá de los detalles que hay que puntualizar, todas las instituciones están de acuerdo en la necesidad de realizar retranqueos, adecuar o eliminar motas, abrir cauces de alivio, crear zonas de inundación controlada, así como adaptar los usos e infraestructuras agrarias, aumentando su resiliencia, y complementando todo con desbroces y aclareos vegetales”.
Es gratificante, dijo el consejero, ver la voluntad de acuerdo y colaboración entre las tres administraciones para lograr este fin. Y recordó que el presidente autonómico, Javier Lambán, ya centró la reunión que mantuvo hace unos días con Mariano Rajoy en la necesidad de actuar en el río. Todo ello, puntualizó, “desde el absoluto respeto del Gobierno de Aragón por las competencias del Gobierno de España sobre el Dominio Público Hidráulico, así como por el principio de unidad de cuenca al que también deben atender las actuaciones”.
