Los incumplimientos de la concesionaria de basuras en Santander ascendían en mayo de 2020 a 8,8 millones de euros

El incumplimiento del contrato de recogida de basura y de limpieza viaria que ha venido ejecutando la UTE Ascan-Geaser tiene sobre sus espaldas más de ocho millones de euros en incumplimientos de las condiciones de la contrata, según se hace constar en el informe jurídico emitido por los servicios técnicos municipales que acompañaron la decisión de resolver el contrato y adjudicárselo temporalmente, y con carácter de emergencia, a la empresa Cespa.

En su informe, el director jurídico municipal, José Francisco Fernández, indica que la Intervención General, cuyo titular, Ignacio Gómez Álvarez, ha sido querellado por Ascan, eleva la cuantificación de los incumplimientos de la UTE concesionaria en el servicio de recogida y limpieza de la ciudad en 8,84 millones de euros.

Se trata de la última actualización hecha por la Intervención que se remonta hasta el mes de mayo de 2020 y supone cerca de dos millones de euros más que la cuantificación del informe anterior (7.048.105 euros). Los servicios jurídicos municipales indican que esta cantidad es superior a la garantía depositada por la concesionaria en su momento, dando a entender que la garantía pudiera ser retenida en el caso de que el Ayuntamiento considere que ha de ser indemnizado por los perjuicios causados; al tiempo que también recuerda que los incumplimientos en sus obligaciones persisten hasta el momento actual (de hecho, la facturación mensual por el Ayuntamiento incluye rebajas que son inmediatamente judicializadas por el concesionario al no estar conforme).

Los servicios jurídicos hicieron estas consideraciones a la hora de analizar las alternativas tras la resolución del contrato de Ascan. La alternativa elegida finalmente por el equipo de gobierno PP-Cs ha sido la vía de emergencia (y la designación de Cespa, segundo seleccionado en el concurso de 2013 para la concesión), que prácticamente permite encargar 'a dedo' a otra empresa que entre a asumir el servicio en un plazo máximo de un mes.

El equipo de gobierno ha considerado que está justificada está vía excepcional, toda vez que se trata de un servicio estratégico de la ciudad directamente relacionado con la salud pública, máxime en un contexto de pandemia por coronavirus. De este modo, al cesar Ascan en sus funciones se corre el riegos de incurrir en un “grave peligro para el interés público por la resolución del contrato”.

Esta vía de emergencia ha sido rechazada de plano por la ahora exadjudicataria, mientras que la oposición socialista ha resaltado que para el equipo de gobierno la situación de pandemia que ahora parece preocuparle era minusvalorada cuando la Junta que preside Gema Igual demandaba a la Consejería de Sanidad que se rebajaran las restricciones a la movilidad, sobre todo en locales hosteleros.

Sea como fuere, los jurídicos también ponen en conocimiento de la dirección política del Ayuntamiento que la decisión que tomen ha de ser contextualizada en una “compleja relación que se vive con el prestador del servicio”, una situación, prosigue esta documentación consultada por elDiario.es, que está presidida en la actualidad por “una elevada litigiosidad que probablemente se verá incrementada tras la resolución del contrato”.

Como la propia Ascan ha reconocido, el concesionario ha estado impugnando mensualmente todas las liquidaciones que, con rebaja, el Ayuntamiento le ha girado en los últimos tiempos.

El informe del director jurídico está fechado el 20 de septiembre, 21 días antes de la resolución del contrato a Ascan por el Ayuntamiento de Santander.