El PP, el único partido que no apoya crear una Comisión de Investigación sobre Nestor Martin

El descalabro de Ecomasa-Nestor Martin, la fábrica de estufas en la que el Gobierno de Cantabria invirtió 18 millones de euros, tendrá dos vías paralelas de investigación: la judicial, ya en marcha, y la política, que se iniciará este martes con el registro de una petición al Parlamento de Cantabria para que abra una comisión dedicada exclusivamente a depurar las responsabilidades políticas oportunas.

La iniciativa ha sido promovida por Podemos y tendrá el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, el partido que formaba el Gobierno en la anterior legislatura, cuando Nestor Martin inició la actividad en Maliaño. PRC, PSOE y Ciudadanos han manifestado su apoyo a la apertura de la comisión de investigación desde la tribuna del Parlamento, donde se ha debatido una proposición no de ley en la que la formación morada solicitaba al Gobierno de Cantabria que devolviese a los trabajadores de la fábrica los 3,2 millones de euros que habían aportado.

El centenar de empleados de la factoría provenían de Teka, que en 2011 deslocalizó una línea de producción de cocinas que facturaba en Santander para trasladarla a Turquía. A cambio de recolocarse en la nueva empresa, cedieron el dinero de sus indemnizaciones -entre 30.000 y 35.000 euros de media- en una operación avalada por el anterior Gobierno del PP.

Esta propuesta, sin embargo, no ha salido adelante. Solo los dos diputados de Podemos -Alberto Bolado se ha ausentado del pleno- han votado a favor, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido. Los grupos regionalista y socialista han votado en contra, ya que, según han expuesto, sería “ilegal”, además de crear un “agravio comparativo” con otros empleados de empresas en quiebra.

En la exposición de motivos, el líder de Podemos, José Ramón Blanco, ha alertado de que la situación familiar de los trabajadores comienza a ser “extrema” y ha criticado la “irresponsabilidad” del anterior Gobierno, presidido por Ignacio Diego, al que ha responsabilizado directamente por su relación con Andrés de León y Jesús Lavín, los gestores del fallido proyecto industrial.

Según ha recordado Blanco, los trabajadores “confiaron en la palabra de Diego”, que les prometió un “empleo garantizado”, y destinaron sus indemnizaciones al proyecto porque “no imaginaban que se les podía estar engañando con un futuro esperanzador, que pronto se convertiría en pesadilla”.

Para el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, que el Ejecutivo adelante el dinero y luego lo reclame judicialmente, como pide Podemos, “no es la fórmula más correcta” y por ello ha instado al Gobierno a buscar “alternativas” para “resarcir” a los trabajadores, al igual que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, Silvia Abascal, quien además ha hecho hincapié en el “amiguismo” que ha primado en Ecomasa.

Tal y como ha recordado la diputada socialista, el Ejecutivo del bipartito ya se ha personado en la causa judicial abierta a raíz de los que los trabajadores denunciaran a los gestores por estafa, apropiación indebida y fraude.

Desde las filas regionalistas, Pedro Hernando, ha resaltado que “cien familias se han visto engañadas por unos empresarios apoyados por el Gobierno” y ha manifestado que “me gustaría poder decir que el Gobierno les va a devolver el dinero, pero no puede” porque “legalmente no es posible”.

El popular Eduardo Van den Eynde ha sido el encargado de defender la gestión del Gobierno de Diego. Ha tachado de “hipócritas” al bipartito porque públicamente dan su apoyo a los empleados y, sin embargo, liquidan la empresa “cuando era viable”. “Cuando estaba en vías de solución, el Gobierno mata el proyecto cerrando las vías de financiación”, ha criticado.

“Esto no es GFB ni el Racing”, ha insistido en reiteradas ocasiones el diputado del PP, que ha destacado la buena fe del anterior Ejecutivo para buscar una solución a la deslocalización de Teka. Van den Eynde ha asegurado que todos los informes avalaban que el proyecto era viable pero luego “se tuerce” por cuestiones sobrevenidas, como un accidente en la fábrica o la caída del mercado.

“Es una venganza política, y los trabajadores son las víctimas. No digan que les apoyan”, ha concluido el diputado ante la atenta mirada de una decena de empleados que han seguido el debate desde la tribuna de invitados.