El Gobierno aplica una solución transitoria a los trabajadores de los centros de interpretación reagrupados en Medio Ambiente

Los 20 trabajadores afectados por la unificación, bajo la órbita de la Consejería de Medio Ambiente, de la red de centros de interpretación de la Red Cántabra de Desarrollo Rural seguirán desempeñando su labores a la espera de alcanzar con los afectados una solución para su continuidad dentro del sector público.

Los trabajadores afectados por la anulación del contrato en 2022 son 13 y hay otros siete que trabajan en centros dependientes del CIMA pero que estaba contratados y que también tendrán que negociar su continuidad tras anularse la contratación.

Así lo ha hecho saber el Gobierno de Cantabria al Parlamento, en respuesta a una serie de preguntas del PSOE, interesado, entre otras cosas, por si el Ejecutivo iba a crear una sociedad pública específica para los centros de interpretación. La respuesta ha sido negativa.

Medio Ambiente, durante la pasada legislatura era un departamento que estaba integrado en Desarrollo Rural (PRC). Con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha pasado a integrarse junto con Fomento.

“El Gobierno de Cantabria ha decidido anular la contratación que puso en marcha en el año 2022 la antigua Consejería de Desarrollo Rural para gestionar tres centros de interpretación de los siete que gestiona la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Ese contrato afectaba a 13 trabajadores de esa entidad. Además, estaban incluidos en el mismo los siete trabajadores de los Centros de Visitantes que gestionaba el CIMA. Es intención del Gobierno llegar a un acuerdo con los trabajadores para plantear una gestión única de todos los centros que gestiona la Red Cántabra y el CIMA”, ha sido la información trasladada a los grupos parlamentarios.

Mientras la reorganización no se termine, los trabajadores seguirán desempeñando sus labores, bien bajo el amparo de los acuerdos de colaboración entre la Red y el Gobierno, bien directamente dependiendo del CIMA, según sea su caso.

Reorganización

Lo que ha hecho recientemente el Gobierno de Cantabria es concentrar en Medio Ambiente (CIMA) lo que antes era compartido con Desarrollo Rural. Hace algo más de un mes, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, aprobó unificar todos los centros de interpretación del patrimonio natural de la región con el fin de “garantizar el empleo de todos los trabajadores” que prestan sus servicios en Naturea, el programa de dinamización y uso público de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad.

El Consejo de Gobierno ha anulado así el contrato por la que se adjudicaba a una empresa privada el proyecto de la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural de Cantabria, creado en la anterior legislatura gestionada por PRC-PSOE y dependiente entonces de la Dirección General de Montes.

Esta red iba a estar integrada inicialmente por un total de ocho centros, los cinco que venía gestionando el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) -Monte Hijedo, Embalse del Ebro, río Ebro, Piedra en Seco y Los Caminos de la Harina- más los otros tres dependientes del Gobierno y cedidos a la Red Cántabra de Desarrollo Rural mediante un convenio -Saja-Besaya, Collados del Asón y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

A todos ellos se sumaría el futuro el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre, que se está construyendo en la Casa Pozo de San Vicente de la Barquera, y el del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, que todavía no tiene sede definida.

Quedarían fuera el resto de centros que no son competencia a la Consejería de Medio Ambiente, concretamente el Centro Ornitológico de La Población (Campoo de Yuso), la Casa de la Naturaleza de Pesaguero, el Centro de Información Red Natura 2000 de Puente Viesgo y el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre y Espacios Naturales Protegidos de Saja-Nansa (Faro de San Vicente).