El Gobierno de Cantabria aprueba la sanción a Sniace de 37 millones

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves en su reunión semanal la sanción de más de 37,2 millones de euros a Sniace por las emisiones de C02 en 2019 y parte de 2020, sanción que los administradores concursales de la empresa -en proceso de liquidación- van a recurrir en vía judicial, según han confirmado a Europa Press.

“Vamos a recurrir todo lo que sea, siempre que sea posible”, han manifestado a esta agencia, a la que han explicado que no pueden informar aún de la decisión sobre las ofertas presentadas a la compañía -una de ellas por la totalidad de la unidad productiva y las demás por lotes-, toda vez que tienen que comunicárselo antes al juzgado y aún están en plazo (vence a mediados de la próxima semana).

De la decisión del Ejecutivo PRC-PSOE de dar luz verde a la sanción -37.267.797 euros- por una infracción administrativa “muy grave” ha dado cuenta este jueves el portavoz y vicepresidente del bipartito, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, el Ejecutivo ha indicado en un comunicado que la sanción está tipificada en la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero del año 2019 y que la empresa tenía la obligación de cumplir, comunicar y compensar antes del 30 de abril de 2020, tal como establece la citada ley.

Al incumplir esa obligación, y tras la paralización de los expedientes administrativos a consecuencia de la pandemia, en 2021 se abrió el expediente sancionador correspondiente a la compañía.

Los administradores concursales han presentado alegaciones, que han sido respondidas, antes de proceder a la resolución del expediente sancionador aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente.

En la instrucción de este expediente ha intervenido la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que es la encargada de verificar y controlar que las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, cumplan la normativa.

Una vez completada la fase administrativa de este expediente sancionador, la empresa puede ejercer los derechos que le correspondan en términos de recurso en vía judicial, como los administradores concursales han avanzado que harán.