El SEPRONA confirma la presencia de animales en una granja “de experimentación” sin concesión de agua ni licencia

La Asociación de Vecinos Almendruqueros (ADERA) ha vuelto a denunciar la existencia de una granja porcina en la localidad conquense de Almendros que está en funcionamiento “sin licencia de actividad municipal ni resolución del expediente por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del uso o utilización del pozo”.

Aluden al informe realizado tras la inspección por parte de la patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Huete.

ADERA recuerda que fue el anterior Ayuntamiento, gobernado por el PP, el que concedió la licencia de obras de esta explotación, sobre unos antiguos terrenos del entones alcalde, Acisclo Jiménez, “con suministro de agua y electricidad de origen público”, según se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha con fecha 8 de febrero de 2017. Junto a ello se daba luz verde a una macrogranja porcina promovida por ICPOR con capacidad para 88.000 animales y “casualmente ubicada también en terrenos propiedad del antiguo alcalde” que gobernaba con mayoría absoluta desde la década de los 90“. Esa explotación no llegó a ponerse en marcha por la presión popular.

Piden explicaciones a la Consejería de Agricultura

Fue el pasado 17 de enero cuando la Plataforma Pueblos Vivos de Cuenca denunciaba la puesta en marcha de otra explotación de porcino en la localidad de Almendros “sin contar con licencia municipal, ni concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana”.

Ahora y con la información del SEPRONA disponible, tanto la plataforma Ecologistas en Acción como el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Asociación de Vecinos Almendruqueros (ADERA) han solicitado al Ayuntamiento la revisión del expediente completo para abrir una investigación. Dicen “no comprender cómo es posible que dicha explotación haya obtenido el alta del Registro Ganadero (REGA) sin concesión de agua ni licencia de actividad, requisitos imprescindibles”.

Y en este sentido, abundan, “si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido un Registro Ganadero a una explotación de estas características sin contar con los permisos pertinentes, sobre todo los de la Confederación Hidrográfica y del Ayuntamiento, el consejero de Agricultura Agua y Desarrollo Rural D. Francisco Martínez Arroyo y su homólogo competente en materia de ganadería también tendrá que dar explicaciones ante la Justicia”, advierten en un comunicado.

ADERA ha convocado este sábado una reunión de su Junta Directiva “para evaluar la gravedad de los acontecimientos” y acordar medidas contra la Junta de Castilla-La Mancha en las próximas semanas “si se confirma que la explotación tiene alta de Registro Ganadero”. Además ha solicitado por escrito a la nueva Corporación que “sea escrupulosa en el cumplimiento de la ley”.

El Ayuntamiento espera ahora un informe de Diputación

La explotación ganadera ha recibido sendas visitas por parte del Ayuntamiento, el SEPRONA y técnicos de la Diputación de Cuenca. “Efectivamente allí hay animales y el promotor considera que tienen licencia de actividad por silencio administrativo del Ayuntamiento”, explica la alcaldesa Helena Fernández.

“Nuestro secretario dice que eso no puede ser y lo mismo los técnicos de la Diputación. Nosotros no hemos dado ninguna licencia porque el expediente está incompleto, falta información. Entre otras cosas no tiene concesión de agua”, sostiene la edil.

Helena Fernández llegó a la Alcaldía en mayo de 2019. Fue entonces cuando tuvo conocimiento de este expediente. “Pedimos información a todas las administraciones competentes y desde el departamento de Ganadería de la Junta nos enviaron listado de todos los registros ganaderos. Esta granja estaba”.

Pero, eso, matiza la alcaldesa, “no quiere decir que la explotación esté en activo y no nos asustamos. Uno de los requerimientos para obtener el REGA es disponer de concesión de agua”. Tampoco existe un informe favorable por parte del Ayuntamiento, insiste.

El Consistorio esperará a recibir el informe de la Diputación Provincial para sumarlo al del SEPRONA y a las propias consideraciones del municipio y remitirlo a todas las administraciones competentes, en particular a las consejerías de Agricultura, Sanidad y Desarrollo Sostenible. “Queremos que tengan constancia y tomen las resoluciones oportunas. Además, desde el Ayuntamiento solicitaremos un informe jurídico”.

Fernández aclara que el Ayuntamiento “no se opone a la granja, que es pequeña, pero queremos que se haga cumpliendo la ley. No entiendo por qué el promotor no presenta la documentación y por qué se llevan animales. Está poniendo al Ayuntamiento en una situación muy difícil”.

Una granja de “experimentación” con más de un centenar de cerdos

Almendros cuenta hoy con una granja porcina cuyo promotor es el mismo que la explotación que ahora está en cuestión. En este último caso se trata de una “granja de investigación, de experimentación, con unos 170 animales, que dispone hasta de quirófano”.

Helena Fernández reconoce que “preocupa” la falta de información en torno a la explotación. “No sabemos qué se va a hacer con ellos allí. Nos crea sensación de inseguridad y todo tiene que estar bien hecho. No pedimos por pedir”.

La alcaldesa pide conocer “qué medidas de precaución” se tomarán en la instalación. “Visitamos la granja y no había vado de desinfección. Cuando llegaron los técnicos de Diputación lo habían construido. Fue sorprendente”.

La respuesta de la Junta: “No hace falta permiso de Confederación”

Desde la Junta no habrá declaraciones de los departamentos afectados, según confirman fuentes de la Delegación Provincial del Gobierno regional en la provincia de Cuenca.

Las mismas fuentes confirman que la granja está destinada a la investigación que “tiene menos de una treintena de cabezas y por lo tanto no necesita permiso de la Confederación Hidrográfica”.

En cuanto a la licencia municipal de actividad, la Junta suscribe las afirmaciones del promotor: “La licencia municipal a esa granja se concedió por silencio administrativo, es decir la alcaldesa no respondió ni sí ni no y cuando pasa un periodo de tiempo sin decir nada eso se considera silencio administrativo positivo”.

Estos, añaden, son los motivos por los que la explotación ha sido dada de alta en el REGA, por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.