Una acusación popular pide a la jueza de la dana un careo entre la exconsellera Pradas y el jefe de gabinete de Mazón

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza instructora un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. El abogado que representa a ACPV, Manolo Mata, reseña “graves inexactitudes” en las dos declaraciones testificales de Cuenca ante la jueza, especialmente relativas a las órdenes que Pradas aseguró haber recibido de Cuenca para no molestar a Mazón durante la comida en el restaurante El Ventorro. El jefe de gabinete negó esas órdenes

El escrito de la acusación, al que ha tenido acceso este diario, solicita que se acuerde la celebración de un careo entre el testigo José Manuel Cuenca y la investigada Salomé Pradas “sobre los hechos y circunstancias de interés en las diligencias que puedan ser puestos de manifiesto por la Instructora, el Ministerio Fiscal y las partes, en el momento de su celebración”.

“Especialmente relevante”, afirma la acusación popular, “es la contradicción, evidenciada tras la declaración testifical contradiciendo las tajantes manifestaciones de la entonces Consejera de Justicia e Interior, públicamente, la investigada Salomé Pradas, respecto a que por parte del testigo se le comunicó que no debía molestar al Presidente debiendo canalizar toda la información que le quisiera trasladar a éste se efectuara a través de su persona”.

También pide que se requiera a la dirección general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones un informe sobre el “proceso de sustitución” del teléfono corporativo de José Manuel Cuenca, en el marco del cual se borraron sus mensajes de WhatsApp. Cuenca se abrió parcialmente durante su última testifical a autorizar, en caso de que fuera técnicamente posible, recuperar los mensajes.

ACPV pide que el informe, en todo caso, especifique qué técnico se encargó de la sustitución del terminal telefónico y explique la “verosimilitud” de que en el proceso haya “desaparecido” un “año de whatsapps, fotografías y documentos”, tal como declaró el testigo.

El papel de la Abogacía de la Generalitat

La acusación popular que ejerce Compromís coincide con esa diligencia y también en la solicitud a la jueza de que investigue el supuesto papel de la Abogacía de la Generalitat en las órdenes que recibió Salomé Pradas, en plena reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) sobre la posibilidad del confinamiento por parte del jefe de gabinete de Carlos Mazón.

José Manuel Cuenca aseguró ante la jueza, en su segunda declaración testifical del pasado 12 de diciembre, que se limitó a pedir al secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, asesoramiento por parte de la Abogacía.

Compromís y ACPV han recogido el guante y han planteado a la jueza la posibilidad de que se requiera a la Abogacía un informe sobre si García Ramírez pidió alguna valoración jurídica, intervención o dictamen “en relación con las medidas a adaptar” en la dana.