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Esquerra Unida amenaza con llevar a Fiscalía la cesión a una concesionaria de 8 de los 20 sectores en los que se ha dividido la playa de Benidorm

Las playas de benidorm este lunes

Emilio J. Salazar

Alicante —

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Esquerra Unida está sopesando, una vez que recoja toda la información, llevar a Fiscalía la reapertura de las playas de Benidorm que se inició el pasado lunes tras la pandemia por posible vulneración de la Ley de Costas al otorgar 8 de los 20 sectores para uso exclusivo de la empresa concesionaria de la gestión integral del litoral.

Según el coordinador local, Fran Casellas, “es inadmisible que el Ayuntamiento dé respuesta a los problemas de Benidorm incumpliendo la ley para satisfacer los intereses particulares de su red clientelar”, ha dicho en alusión al gobierno local del Partido Popular. “Hacer que el 40% de la playa sea de pago es una medida discriminatoria porque muchas familias no podrán permitirse disfrutar de uno de nuestros tesoros más preciados. Se ve que para el PP siempre ha habido clases”, asegura.  

En concreto, se refieren al malestar de los bañistas, la mayoría residentes, que han acudido a la playa de Mal Pas en la primera jornada de reapertura donde se han encontrado con parte de la arena ocupada por tumbonas privadas pertenecientes a la empresa concesionaria. En los carteles visibles se puede leer que el precio por hamaca es de cinco euros, mismo coste para la sombrilla. “Si sois cuatro en la familia te puedes dejar fácilmente 30 euros”, señala.

A diferencia de otras parcelas, en Mal Pas no hay un hueco libre disponible sin haber sido ocupado por una de las hamacas de alquiler. Fuentes municipales señalan que el 50% de las mismas son gratis. “Son gratis pero la empresa se puede reservar el derecho de admisión”, advierte el líder de EU. “Además, nos consta que ya ha habido casos de bañistas que han ido a la zona gratuita y se han tenido que marchar porque la empresa les ha dicho que ya estaban reservadas”, aduce.

Por estos motivos, EU está estudiando emprender acciones legales no solo contra el Ayuntamiento que dirige Toni Pérez, sino también contra la concesionaria del servicio de playas, cuya gestión le fue adjudicada en 2006. La formación de izquierdas considera que la actuación municipal “supone un claro quebranto de la Ley de Costas y posiblemente un delito de prevaricación” al vulnerarse el artículo 31, relativa a “la utilización del mar y su ribera”, la cual “será libre, pública y gratuita”, así como el artículo 53: “la explotación de servicios de temporada en ningún caso podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas”.

“Nuestra intención es que este latrocinio se revierta lo antes posible y que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes. En este sentido, no tenemos más opción que exigir las dimisiones de la responsable de Playas Mónica Gómez y del alcalde Antonio Pérez por su actitud desleal y posiblemente prevaricadora”, sentencia Fran Casellas.

Reacciones

Desde el consistorio rechazan estas críticas y afirman que el Plan ‘Benidorm Beach Safety’ de reapertura de playas cuenta con todos los informes técnicos favorables de las diferentes concejalías que comprende.

Sobre el precio de las hamakas, contestan que “está fijado en el contrato” con la concesionaria, ahora adaptado para incorporar los nuevos servicios que demanda la situación por pandemia como el control de aforos y de acceso. Una modificación contractual que ha supuesto, recuerdan, la merma de 872 hamakas privadas, quedando para su explotación 5.578 tumbonas en todo el litoral.

 Las críticas contra el Ayuntamiento también han venido desde el PSOE por los costes que de la reapertura del litoral. El portavoz municipal socialista, Rubén  Martínez, ha detallado que el control de accesos y aforo de las playas va a tener un coste de 964.653 euros; que el sistema tecnológico de reservas de acceso a las playas a través de una plataforma digital que entrará en funcionamiento a finales de semana y que solo estará en servicio hasta el 30 de septiembre asciende a 662.478 euros; y que a todo esto se suma los 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento dejará de ingresar del canon que paga la concesionaria que realiza la gestión integral de las playas. “Al final vamos a terminar pagando más de 3 millones de euros por la mala gestión de este equipo de Gobierno. Estamos convencidos de que, si se hubiera planificado mejor, se podría haber hecho con un menor coste”, ha afirmado.

EU se ha sumado a estas críticas y ha añadido que el proyecto de reapertura lo ha realizado el ente público-privado dependiente del municipio Visit Benidorm, “con lo que se demuestra que el PP no sólo privatiza bienes y servicios públicos, sino que también ha privatizado el propio Ayuntamiento al actuar por encargo de la patronal anteponiendo los intereses de unos cuantos a los de la ciudadanía.”

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