Compromís denunció hace tres meses ante Mazón las irregularidades del contrato que le ha costado el cargo a la directora del Gil-Albert

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha desvelado que hace tres meses denunció ante el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón (PP), y la vicepresidenta Julia Parra (Ciudadanos), las presuntas irregularidades del contrato del Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert (IAC) para el diseño de su logotipo y de la página web, adjudicado a la empresa de un subdirector de la entidad y que le ha costado el cargo a la presidenta María Teresa Pérez Vázquez. Fullana ha anunciado que la formación valencianista estudia acciones legales por la contratación de la empresa Tarsa Com. Serveis de Comunicació i Protocol SL, cuyo administrador único y apoderado es el subdirector de Comunicación Audiovisual y Redes Sociales del IAC, José Vicente Castaño, quien también ha renunciado al cargo.

El portavoz de Compromís ha solicitado la grabación de la sesión del pasado 13 de octubre de la junta rectora del Gil-Albert en la que cuestionó la adjudicación y el expediente correspondiente. “Sospechábamos en octubre por las respuestas a nuestro requerimiento de información que la web y el logotipo los estaba haciendo la empresa antes de la adjudicación y que el proceso de oferta pública era presuntamente falso, y ahora sabemos también que era el propio director del área quien estaba detrás”, declara Fullana. Durante aquella reunión, a la que asistieron Mazón y Parra, la ya expresidenta del IAC no supo explicar por qué el nuevo logotipo del organismo cultural ya estaba disponible cuando aún no se había adjudicado el contrato, según fuentes de la coalición.

Tres meses después se ha producido la dimisión de María Teresa Pérez Vázquez en una reunión mantenida este jueves con Mazón y Parra. El equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante considera que el proceso “puede ser cuestionable desde el punto de vista ético”. Compromís ha anunciado que presentará de nuevo en el próximo pleno la propuesta para auditar el organismo autónomo, que colocó a cinco cargos municipales del PP y de Ciudadanos (además de periodistas en activo que cobran hasta 1.500 euros por asistir a siete reuniones). “Ciudadanos y PP han convertido el Gil Albert en una agencia de colocación inoperante y clientelista. Sin la solicitud de información sobre el decreto de adjudicación que hizo Compromís hoy nada hubiera pasado”, ha manifestado el portavoz de la coalición.

La aprobación de la auditoría del Gil-Albert fue rechazada por PP y Ciudadanos, las dos formaciones que gobiernan en la Diputación de Alicante, en un pleno de la institución provincial celebrado “días después de firmar la adjudicación que ahora se cobra la dimisión de Pérez”, recuerda Fullana. “Después de meses de noticias que ponen en entredicho la tarea cultural del organismo autónomo, la dimisión de parte de su equipo de gobierno demuestra la necesidad de replantear el funcionamiento del organismo que depende de la institución alicantina”, apostilla.

La formación critica también el gasto de personal que supone el equipo directivo del IAC. El Gil-Albert ha pagado 1,4 millones de euros en seis años por las asistencias a las reuniones de trabajo de sus abultados equipos de dirección. El organismo mantiene, además, a cinco cargos municipales del PP y de Ciudadanos con escasa trayectoria cultural en su organigrama. “Los ingresos de estos altos cargos habían provocado que el gasto de personal y por asistencia rectora centrara un 70% del presupuesto, dejando solo para la promoción cultural y académica un 20% del total”, afirma Compromís.