La factura del denunciante compulsivo del PP de València: cada causa archivada cuesta al Ayuntamiento en abogados 2.000 euros

La ofensiva emprendida el pasado mandato por el denunciante compulsivo del PP de València, Luis Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, contra gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, PSPV y València en Comú no ha salido gratis al Ayuntamiento y por tanto a los valencianos y valencianas.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes el reintegro de 2.214 euros a la que fue concejala de Deportes, la socialista Maite Girau, en concepto de gastos de abogados tras verse implicada en una de las denunicas del asesor del grupo municipal popular por fraccionamiento de contratos.

La denuncia se archivó en septiembre de 2018, por lo que Girau tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa. Según consta en el expediente municipal al que ha tenido acceso eldiario.es, la entonces edil no podía optar a la defensa de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

El expediente confirma que el importe se ajusta a los criterios de cálculo de los honorarios del Colegio de Abogados, por lo que es de suponer que la quincena de procesos que le han archivado al polémico asesor contra otros concejales, hayan tenido un coste similar, que los denunciados pueden optar a recuperar.

Entre los responsables polícos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones, figuran, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Carlos Galiana, Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco procesos, y que aún está pendiente de declarar en una causa por supuesto fraccionamiento de contratos. En su caso, lleva un coste acumulado en su defensa de unos 10.000 euros que en su momento podrá reclamar. En el de Galiana, su defensa ascendió a 3.719 euros.

Fuset anunció recientemente que renunciaba temporalmente a sus funciones como concejal de Cultura Festiva como consecuencia del juicio del accidente de Viveros, una causa en la que nada tiene que ver el asesor del PP.

La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.

Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.

Los últimos casos que se han desestimado afectaron al concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver,

Por último, está pendiente de resolverse un caso que afecta a la portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, quien declaró recientemente como investigada por unos contratos de publicidad en prensa.

Salom vuelve a figurar en la nómina de asesores del grupo municipal popular en el presente mandato, si bien es cierto que su nueva portavoz, María José Catalá, ya advirtió que controlará de cerca la actividad judicial del polémico asesor. “Las denuncias judiciales se coordinarán desde el grupo popular y se presentarán cuando el proceso tenga posibilidades de prosperar”, aseguró Catalá.