La dualidad del PP en los contratos tras la DANA: la transparencia de la Diputación evidencia la opacidad de la Generalitat

La Diputación de Valencia protagonizó este martes un ejercicio de transparencia, a cuenta de los contratos de emergencia, en la tercera sesión de la comisión de estudio de la DANA, que contrasta con la Generalitat Valenciana. Los jefes de servicio de cada uno de los departamentos de la institución desfilaron por la comisión para responder a las preguntas de los diputados y desglosar los contratos de emergencia de la Diputación que preside el popular Vicent Mompó, especialmente los relativos a la limpieza de garajes y a la reparación de infraestructuras de la red provincial de carreteras. Al inicio de la misma sesión, la institución provincial aprobó, por unanimidad, invitar a las asociaciones de familiares de víctimas de la DANA, así como a los alcaldes de las zonas afectadas y a los comités de reconstrucción a asistir para escuchar las conclusiones y las explicaciones de la comisión de estudio.

La Generalitat Valenciana sigue, más de medio año después de la DANA, aunque en menor volumen, adjudicando contratos de emergencia para la reconstrucción. Entre las empresas que más se han beneficiado de estos contratos, figuran mercantiles que, tal como reseñan varias sentencias firmes, financiaron las cajas B del PP en causas como el 'caso Gürtel' o el 'caso Taula', según el recuento de elDiario.es. Además, el Ejecutivo autonómico disparó los precios de algunos materiales como el hormigón.

Vicent Mompó gobierna en coalición con Ens Uneix, la formación liderada por el alcalde de Ontinyent, el exsocialista Jorge Rodríguez, y sin los socios de Vox con los que cuenta el president Carlos Mazón en el Parlamento autonómico. El dirigente popular estuvo presente en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre desde horas antes de que acudiera Mazón y es uno de los testigos citados por la jueza instructora de la causa, expresó su “esperanza” en que las lecciones aprendidas de la DANA ayuden a responder mejor a próximas catástrofes y a que la experiencia propiciara un mejor entendimiento del “bien colectivo”.

En la tercera sesión de la comisión de estudio de la DANA se dieron explicaciones detalladas por parte de los funcionarios que pilotaron los contratos de emergencia. Los técnicos de cada área mostraron las fotos de las actuaciones, algunas muy llamativas: garajes y trasteros completamente inundados de lodo, carreteras y puentes destrozados y equipos informáticos municipales hasta arriba de barro.

El área de carreteras de la Diputación fue una de las que más contratos de emergencia adjudicó: 83,5 millones de euros. A la red de carreteras del Estado se suman las vías dependientes de la Generalitat, que unen los núcleos básicos con las principales infraestructuras del sistema de transportes, y las del catálogo del sistema viario que dependen de la Diputación, “muy vulnerables” y “completamente pegadas al territorio”, según explicó el jefe de servicio del área provincial. Además, la institución que preside Mompó se encarga asimismo de las vías de titularidad pública tales como los caminos de dominio público.

La “inmensa magnitud de los daños” en carreteras

El funcionario, en una intervención didáctica muy aplaudida por los diputados de todos los grupos políticos, aludió al inventario de daños en la red de 3.000 kilómetros de caminos municipales. Al día siguiente de la DANA, ni siquiera se conocían las cifras de afectación. Solo el 31 de octubre, se tuvo la constancia fehaciente de que había 27 carreteras cortadas y 157 puentes afectados (también otros 218 de menor tamaño), lo cual daba una idea de la “inmensa magnitud de los daños”.

La Diputación contaba con un remanente de tesorería de 25 millones de euros, de los cuales destinó 13 a un primer contrato de emergencia muy parecido a las licitaciones habituales de conservación de carreteras (“pero a lo bestia”, matizó el funcionario).

Aunque los contratos de emergencia, por su propia naturaleza administrativa, no necesitan crédito ni una formalización inmediata, en la Diputación se optó por ser “proactivos” y “dar la tranquilidad a los contratistas de que iba a estar el dinero”, según relató. Un segundo bloque de contratos se centró en los puentes afectados.

El compareciente explicó algunos de los principales desafíos que planteaba la afectación a las carreteras a consecuencia de la DANA con ejemplos concretos. La carretera que une la localidad de Yátova con La Portera (pedanía de Requena) presentaba 29 estructuras dañadas, al ser una vía que recorre el cauce del río Magro.

El departamento de carreteras de la Diputación optó por un criterio principal para elegir a las empresas: “Contratistas que trabajen con nosotros”. Se seleccionaron a empresas que se hubieran presentado a licitaciones en los últimos cinco años, cumpliendo así los umbrales de calidad. “Todas acreditaron que podían empezar a trabajar enseguida”, aseguró.

Tres de las obras se alargarán hasta el próximo año: las carreteras de Villar del Arzobispo, la que une Sot de Chera y Chera (que sigue el cauce de un barranco que “ya no existe”) y de Buñol, ésta última finalizará “bien entrado 2026”).

Las salpicaduras de la corrupción a la obra pública

La portavoz de Compromís, Dolor Gimeno, preguntó por las empresas adjudicatarias “inmersas” en causas “de corrupción política” que afectaban al PP, tales como el 'caso Gürtel' o el 'caso Taula', muy vinculado a la Diputación de València durante el mandato del expresidente popular Alfonso Rus, condenado en primera instancia a cinco años de prisión.

Gimeno adelantó que Compromís pedirá los expedientes de contratación de las empresas salpicadas en ambas tramas de corrupción (en el caso de 'Gürtel' relativa a la caja B del PP), que suman 28 millones en contratos de emergencia. “Tenemos que velar como administración pública para que el dinero no acabe en las manos de quienes no tiene que acabar”, dijo la diputada provincial.

La portavoz del PP, Reme Mazzolari, contestó que las empresas contratadas “no tienen ninguna prohibición de contratar con la administración” y pidió a Dolors Gimeno que expresara la misma preocupación al Gobierno central en relación con Tragsa, a la que acusó de tener “la cara” de haberse apropiado de las fichas elaboradas por la Diputación.

El jefe de servicio argumentó que “la obra pública se ha visto históricamente salpicada por tramas llamadas X o Y y muchísimas están asociadas periodísticamente al nombre de una trama”, aunque también recordó que eso no significa necesariamente que se les haya prohibido contratar con la administración pública.

El “riesgo epidemiológico” en los garajes

El funcionario responsable del área de residuos detalló la “situación difícil” y el “importante riesgo epidemiológico”, además de la “dificultad considerable” para poder contratar con empresas de maquinaria especializada, a tenor de amplia demanda durante las semanas posteriores a la DANA del pasado 29 de octubre. “No era competencia nuestra limpiar los garajes, pero los vecinos no entienden de competencias”, afirmó el compareciente.

La Diputación intervino, mediante los contratos de emergencia, en la retirada de lodo en 361 garajes de 11 localidades, que presentaban “todo tipo de tipología de fango” y problemas estructurales, forjados hundidos, “vehículos medio caídos” y “muchísimos” fosos de ascensores bloqueados.

“Nos limitamos a hacer lo que técnicamente las empresas nos recomendaron, que era la extracción de lodo con cubas”, explicó. El área provincial, compuesta por seis personas, afrontó la “complejidad” de la limpieza, incluso con picos de 90 actuaciones simultáneas, y siendo “muy incisivos” y “muy pesados” con los estándares de seguridad y salud, ante los “innumerables riesgos”, tales como caídas o electrocuciones. Los operarios se encontraron incluso con un antiguo obús, afortunadamente sin carga explosiva, que fue retirado por la Guardia Civil.

“Los garajes cada uno era de su padre y de su madre, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar”, dijo el jefe de servicio. Los trabajos en los garajes se toparon con la “guerra” por las 'chuponas', la maquinaria en disputa por todos aquellos que pretendían limpiar los espacios.

El funcionario destacó que se han revisado uno a uno el cumplimiento de todos los recursos previstos en el contrato y que las empresas adjudicatarias “han cumplido” , a pesar de problemas puntuales de algún contratista (especialmente en Catarroja, donde se tuvo que reubicar a las que ya habían acabado su trabajo en otras localidades).

Las asistencias técnicas, además de fotografías del resultado final, certificaron que se habían cumplido los encargos. Los funcionarios de la casa revisaron exhaustivamente los precios y los costes en horas, comparándolos con los albaranes.

El material informático de los ayuntamientos dañado por el barro

Por otro lado, el jefe de servicio del área de Informática detalló los contratos de reposición de material para los ayuntamientos, especialmente ante la demanda de vecinos que solicitaban certificados del padrón.

El funcionario explicó que se buscaron empresas de confianza, con stock suficiente y con almacenes situados en la zona que no hubieran sido afectados por la barrancada.

“Lo necesitábamos para ya”, dijo en referencia al material informático. También explicó que algunos equipos, inicialmente en buen estado, fallaban más tarde a consecuencia de la exposición a la humedad, una afectación que variaba en función de si los consistorios tenían sus ordenadores o servidores en la planta baja o en zonas más elevadas.