La Sociedad de Garantía Recíproca valenciana otorgó avales a las empresas de siete de sus consejeros que causaron un agujero de 2,4 millones

La Sociedad de Garantía Recíproca valenciana se hundió entre 2008 y 2012 por culpa de los empresarios que la gestionaron. Avales inviables, sin criterios económicos, sin garantías o firmados en sectores con un elevado riesgo como la construcción. Para reflotarla y convertirla en la nueva Afín SGR, la Generalitat Valenciana inyectó 200 millones de euros de dinero público en 2016.

¿Cómo se perpetró este fracaso? La auditoría forense encargada en 2016 por el presidente de Afín SGR y director general del IVF, Manuel Illueca, revela que muchos de los empresarios que formaron parte de los órganos de dirección beneficiaron directamente a sus empresas o asociaciones. En concreto, la sociedad otorgó a siete de ellos avales para conseguir financiación para sus compañías, incurriendo en un “conflicto de intereses directo”, según concluyen los auditores.

Se trata de José Luis Boix Fibla (Xiob Grup); Vicente Monsonís (G y C); Martirian Martín Serra (Imola SA); José Roca (expresidente de la CEC); Carlos Bernabeu Picó (Inyectados Termoplásticos Cervantes SA y Talleres Cervantes); Eugenio Soler Ases (Soler Onteniente SL) y Francisco Zamora Català (actual presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción).

Según el informe de auditoría, estos siete empresarios -y Juan Eloy Durá, que propició un aval para una asociación empresarial- facilitaron a sus sociedades 5.791.932 euros en avales que se sustanciaron en 13 expedientes administrativos siendo miembros de los órganos de gobierno de la SGR, bien de la comisión ejecutiva o de la comisión de riesgos.

Consideran los auditores que esta actuación supuso para ellos un “conflicto de intereses directo”. Pero no fue lo único, porque parte de estos avales no tenían garantías o directamente nadie se hizo cargo cuando los bancos los ejecutaron, lo que provocó que fuera la SGR la que tuviera que responder con su capital.

Así, el coste de estos avales, que incluye todos los importes que han supuesto una salida efectiva de dinero por parte de la SGR tras la ejecución del aval, minorado por las recuperaciones de cualquier tipo, fue de 2.474.977 euros. Es decir, el agujero se tapó con casi dos millones y medio de euros de dinero público.

Según explican los auditores, estos conflictos de intereses contravenían la normativa de la SGR y el propio sentido común puesto que los miembros vinculados a la comisión aprobadora debían poner en conocimiento de la SGR esa anomalía antes de la aprobación del aval y, en su caso, abstenerse en la votación.

José Boix era vocal de la comisión de riesgos de la SGR que aprobó en 2004 un aval para su empresa Ensanche Urbano. Vicente Monsonís también era vocal de la misma comisión que dio en 2008 un aval a su sociedad G y C.

Martirian Martín formaba parte de la comisión ejecutiva y también de la de riesgos cuando en 2008 se le aprobó un aval a su firma Imola SA. Carlos Bernabeu actuó de la misma manera cuando era miembro de la comisión de riesgos y con un aval aprobado en 2002 a su empresa Inyectados Termoplásticos Cervantes y a Talleres Cervantes.

José Roca es uno de los casos más llamativos, puesto que fue presidente de tres comisiones y se otorgó avales a sí mismo como persona física en 2010. Eugenio Soler Ases era vocal de la comisión de riesgos cuando su empresa Soler Onteniente recibió un aval en 2009.