Dos mismas empresas doparon con pagos en B al PP y al PSOE de la Comunitat Valenciana para las autonómicas de 2007
En las elecciones autonómicas y municipales de 2007, Francisco Camps y Rita Barberá obtuvieron los mejores resultados electorales de la historia del PP valenciano. Camps se hizo con 54 escaños y Barberá obtuvo 21 ediles, la marca más alta de los 'populares' en el Ayuntamiento de Valencia. Tres sumarios judiciales —'Gürtel', 'Taula' y 'Azud'— permiten vislumbrar más de una década después el trasfondo de la alcantarilla electoral, en el que dos empresas contratistas tuvieron un papel estelar. Construcciones Luján aportó fondos al entramado del Grupo Laterne, orquestado por Alfonso Grau, el entonces número dos de Rita Barberá, según se desprende de la instrucción de la pieza separada A del 'caso Taula'.
El consistorio contrataba con Laterne para trabajos “nunca realizados o con claro sobrecoste” y la sociedad se encargaba de la campaña. La cantidad real destinada a la campaña superó “con seguridad y ampliamente” el millón de euros y pudo “superar la cota” de los dos millones, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La tabla que detallaba los fondos de las empresas al entramado de Laterne, aportada por un antiguo asesor del PP, incluye a Construcciones Luján con una aportación de 20.600 euros.
Facsa, la firma encargada del suministro del agua en la provincia de Castellón, también financió al PP en aquel proceso electoral, según confesó el empresario Enrique Gimeno en el marco del 'caso Gürtel'.
Gimeno, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio en la Audiencia Nacional, abonó a Orange Market 405.668 euros por servicios que nunca fueron prestados a su empresa. Tras un pacto de conformidad, el empresario castellonense fue condenado a un año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad. La pena fue conmutada por una multa de 154.500 euros.
Dopaje del PSPV-PSOE
Los sumarios de 'Gürtel' y 'Taula' acreditaron el dopaje electoral del PP valenciano. Sin embargo, el 'caso Azud', ha sacado a la luz que los mismos empresarios que financiaban al PP también lo hicieron con el principal partido de la oposición, el PSPV-PSOE. Se trata de una decidida apuesta por la diversificación de activos por parte de empresarios que centran su negocio en la obra pública, de la que no nunca se sabe de quién va a depender el día de mañana.
Así, las dos mismas empresas abonaron gastos electorales de la campaña socialista. El informe de la UCO de la pieza 7 del 'caso Azud' detalla los pagos de Facsa a proveedores de la campaña socialista: 261.771 euros en 2007.
Por su parte, la constructora de Javier Luján abonó 120.060 euros a la empresa Cronosport SL, que se encargaba de parte de la campaña del PSPV de los mismos comicios. El nexo de ambos empresarios con el partido era el extesorero José María Cataluña, calificado por la Fiscalía Anticorrupción como el “recaudador” de la formación.
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