Francisco Camps, Rafael Blasco, Ricardo Costa y Alfonso Rus volverán a las Corts a declarar por el 'caso Taula'
Francisco Camps, Rafael Blasco, Ricardo Costa, Alfonso Rus... Los 'pesos pesados' de la anterior etapa de PP valenciano en las instituciones tendrán que volver a pasar por las Corts valencianes para declarar; esta vez por el caso Taula. En el último tramo de la legislatura, los diputados pretenden esclarecer el supuesto funcionamiento de una trama organizada desde el PP en las instituciones que en los juzgados se ha dividido en siete causas. Para ello, la comisión investigadora ha solicitado habilitar enero para empezar las comparecencias y pedir a varios periodistas que han seguido el caso que ayuden a contextualizar el proceso.
Los diputados del Botànic, cuyo plan de trabajo es el que regirá las sesiones, centrarán parte de la investigación en las gestiones de la Fundación Jaume II el just, el “chiringuito” espiritual del expresidente Camps, germen del caso Imelsa, el antecesor de Taula. La Fundación en la que trabajaban Marcos Benavent -el recaudador del PP y autodenominado “yonqui del dinero”- y Vicente Burgos, compañero de facultad del expresidente popular y exmarido de Maria José Alcón, exconcejala de Cultura en Valencia, cerró con pérdidas de casi un millón de euros a costa de la Generalitat.
Entre los cargos en activo, se solicita la declaración del eurodiputado del PP Esteban González Pons, conseller de Educación entre 2003 y 2004, y el actual vicepresidente de las Corts Alejandro Font de Mora, conseller de Educación entre 2004 y 2011 con el Gobierno de Camps. La actual presidenta del partido, Isabel Bonig, asesora de Font de Mora de 2005 a 2007, cuando Máximo Caturla era gerente de Ciegsa, no ha sido incluida en el plan de trabajo del Botànic.
La petición de los responsables de Educación durante la etapa de Camps responde a que una parte del caso Taula está relacionada con los sobrecostes millonarios de Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que dejó un agujero importante en las arcas públicas y que se investigó en otra comisión parlamentaria. El caso de Ciegsa es una pieza separa del caso Taula que el juez solicitó en febrero de 2018 para investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de esta empresa.
El secretario autonómico de Educación explicó en comisión que la UCO pidió a la consellería los estatutos de la empresa entre 2004 y 2006, las normas internas de contratación, la relación de personal técnico, la composición del consejo de administración y la copia íntegra de los expedientes de varios centros escolares adjudicados en ese periodo a constructoras como Cleop, BM3 Dragados o Nexo. De algunas de estas empresas también se ha solicitado información para la comisión.
A la complejidad del caso, separado en siete piezas en los tribunales y que abarca veinte años de gobierno del PP en la Generalitat y otras instituciones valencianas, se suma la dificultad en los tiempos. El calendario prevé que se realice el dictamen en apenas cinco meses, un tiempo récord para cualquier comisión. Otro extra es que las piezas siguen en fase de instrucción, por lo que se prevé que la mayoría de comparecientes no desvelen demasiadas cuestiones para no recibir otra llamada del juzgado, o, como es habitual, acudan con sus abogados y no declaren.
