Funcionarios de Sanidad se personan en el CEU para inspeccionar la sala donde embalsaman cadáveres tras una denuncia

La Conselleria de Sanitat envió este miércoles a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU a varios técnicos para inspeccionar sus instalaciones tras la denuncia presentada por un extrabajador del centro, que asegura que en los últimos 21 años se embalsamaron más de 650 cadáveres “de manera ilegal”. Así lo han confirmado tanto la propia universidad como el departamento que dirige Marciano Gómez.

Los funcionarios públicos encargados de la investigación sanitaria han visitado la sala de disección de cuerpos, donde se habrían producido las irregularidades denunciadas, y han requerido documentación al centro universitario. “Estamos muy tranquilos”, explicó a elDiario.es un portavoz de la universidad, que asegura haber entregado todos los documentos solicitados.

La denuncia del extrabajador, quien se encargó de embalsamar los cadáveres donados a la universidad, provocó la apertura de un expediente informativo por parte de la Conselleria de Sanitat, que ya se ha concretado en las primeras pesquisas. A partir de la visita de este miércoles y de la documentación requerida, los inspectores de Sanidad deberán cotejar si es cierto que la universidad incumplió la ley al permitir que el embalsamamiento lo realizara un técnico de laboratorio y no un médico colegiado, como establece la normativa española sobre el tratamiento de cadáveres donados a la ciencia.

El hombre que interpuso la denuncia ante la Conselleria de Sanidad y el Colegio de Médicos por un presunto caso de intrusismo laboral ha recurrido su despido del centro. En la documentación aportada a la inspección sanitaria asegura que entre 2004 y 2025 realizó “labores de embalsamamiento de cadáveres humanos donados a la ciencia” en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. “Quiero denunciar que se han embalsamado de manera ilegal más de 650 cadáveres desde el año 2004 hasta la actualidad”, indica el escrito que ahora se investiga.

“La ilegalidad —abunda— consiste en que la persona que realizaba dicha función era yo personalmente (técnico de laboratorio). Las personas autorizadas para realizar esta función son médicos colegiados, que después de embalsamar deben presentar un acta de embalsamamiento ante Sanidad. El Decreto 39/2005, de 25 de febrero, establece claramente que esta ilegalidad está tipificada como una infracción muy grave y que las sanciones conllevan el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años”.

El decreto tipifica como infracción muy grave “la realización de prácticas de tanatopraxia en lugares o por personal no acreditado profesionalmente”.

El denunciante aportó su contrato de trabajo, firmado en 2004, como personal no docente y oficial primero de laboratorio a tiempo completo. El contrato incluye la “realización de la obra o servicio de preparación de huesos, embalsamamiento de cadáveres y demás tareas necesarias para preparar el material requerido para las clases prácticas”.

Siete años después de la firma del contrato, el técnico de laboratorio cumplimentó, a petición del área de Recursos Humanos de la universidad privada, un documento para la actualización de la descripción de su puesto de trabajo, en el que detalló que gran parte de su jornada la dedicaba al “mantenimiento” y “embalsamamiento” de cadáveres.