La Generalitat recurrirá al Constitucional la sentencia contra el decreto del valenciano porque cumple la Carta Europea de Lenguas Minoritarias

La Generalitat recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo por la que se obliga al Gobierno valenciano a dirigirse a los ejecutivos catalán y balear en castellano pese a compartir la misma lengua propia común.

Desde la Generalitat Valenciana se considera que esta sentencia, que determina que no se pueden compartir documentos en valenciano con otros territorios del mismo ámbito lingüístico, “afecta el autogobierno porque niega que la Comunitat Valenciana tenga competencia para determinar y regular el alcance y los efectos de la lengua cooficial”.

El propio conseller de Cultura, Vicent Marzà, critica que en la sentencia “se argumenta que la denominación de la lengua en nuestros estatutos no es la misma y, por lo tanto, nos tenemos que escribir en castellano”. Por ello recuerda que la unidad lingüística de las tres comunidades autónomas está avalada por instituciones lingüísticas como la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua), l'IEC (Institut d'Estudis Catalans) o la RAE (Real Academia Española), además de diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Pero además subraya que los propios gobiernos catalán y balear aceptaron expresamente recibir la documentación en valenciano.

Añade que el Decreto 61/2017 “no supone ninguna discriminación respecto al uso del castellano en la Comunitat Valenciana”. Desde la Generalitat se recuerda que en el artículo 4 del Decreto se señala que “el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto de la otra lengua oficial”.

Incidiendo en este sentido Marzà explica “que una lengua minorizada sea lengua de uso destacado y normal no vulnera el derecho de nadie. De hecho da respuesta a la obligación emanada de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que el Gobierno de España ha firmado y tiene la obligación de cumplir”.