El Gobierno autoriza trasvasar 27 hectómetros cúbicos del Tajo-Segura en plena guerra de recursos con la Generalitat Valenciana

En plena guerra de recursos entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España por los caudales ecológicos aprobados en el decreto que regula el trasvase Tajo-Segura, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) se ha reunido telemáticamente este miércoles y ha analizado la situación a comienzos del mes de mayo. El análisis de los datos expuestos ha permitido confirmar la situación de normalidad hidrológica (nivel 2) prevista anteriormente, y por ello, en aplicación de la normativa vigente, ha autorizado automáticamente un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes.

Asimismo, se ha expuesto la previsión para los seis meses posteriores y los cálculos indican que se mantendría el nivel 2 únicamente este mes de mayo y el resto del semestre el sistema se encontraría en nivel 3.

En la Comisión se ha informado asimismo de los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la cuenca del Segura que son de 14,1 hm3 para riegos y 23,5 hm3 para abastecimientos y del volumen en cabecera autorizado y pendiente de enviar de 28,0 hm3, datos a 1 de mayo de 2023.

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se ha presentado una solicitud para el envío de 1,24 hm3 con objeto de atender las necesidades de abastecimiento existentes en la conducción para la incorporación de recursos a la llanura manchega, más conocida como tubería manchega, que ha sido aceptada por la Comisión con cargo a la asignación máxima anual recogida en el plan de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. También se ha repasado la evolución de los datos de superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Por último, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha presentado el presupuesto de explotación del ATS para aprobación de la Comisión, que ha dado su visto bueno.

Recurso al Supremo

La Generalitat Valenciana presentó el pasado 25 de mayo un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo en el que recurre la desestimación de la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo de 2026 y 2027, al entender que ello genera “inseguridad” e “incertidumbre” a Alicante, además de efectos “perjudiciales” en términos económicos y sociales.

En el recurso interpuesto por la Abogacía de la Generalitat los letrados exponen la “inseguridad” que esta situación crea en la zona “no sólo a partir del 2026, sino con la propia publicación de la norma por las previsiones futuras que la norma determina que van a acontecer”.

Así, se subraya que la elevación “desproporcionada” de estos caudales -hasta alcanzar los 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027 en el caso del tramo de Aranjuez (Madrid)- condiciona los trasvases, “violentando el marco pacífico de actividades en la zona ante la inseguridad que su aplicación supone para las mismas”.

Por todo ello, resume la Abogacía de la Generalitat, la reducción de envíos del Tajo-Segura como consecuencia de los incrementos en los caudales ecológicos mínimos “resulta significativamente perjudicial en términos económicos y sociales sobre las zonas receptoras de las aguas trasvasadas”.

Este recurso de reposición se produce después de que el pasado 17 de mayo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestimara la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo de 2026 y 2027 establecidos en el Real Decreto 35/2023, al considerar que este rechazo no “priva” de la finalidad que la Generalitat plantea en su recurso por el caudal ecológico, que se aplicaría, como pronto, en 2026.