Camps eximió a los cartujos de la obligación de abrir al público el monasterio de Portaceli pese a contemplarlo la ley
El Gobierno valenciano de Francisco Camps, del PP, realizó una política muy agresiva en favor de la Iglesia católica durante sus años de gestión, entre 2003 y 2011. Tanto, que creó una fundación -la Luz de las Imágenes- para restaurar bienes eclesiásticos a cargo del presupuesto de la Generalitat que redundó en el patrimonio de los diferentes arzobispados. Además, inició una política legislativa que blindó muchos bienes propiedad pública para disfrute único de los religiosos.
Es el caso del monasterio de Portaceli en Serra (Valencia). El edifico y sus campos adyacentes son propiedad de la Diputación de Valencia desde 1931 pero en 1946 el régimen de Franco los cedió a la orden de los cartujos para que lo restauraran y lo gestionaran. Con dos condiciones, que lo mantuviera la orden religiosa y que conservara el patrimonio público. En 2006, la administración quiso mejorar la situación del edificio y decidió convertir la cartuja en Bien de Interés Cultural (BIC), declaración que ofrece muchas ventajas pero se coartó uno de sus principales inconvenientes.
Los monumentos BIC, por su alto valor histórico-artístico y las ventajas que ofrecen a sus gestores, están obligados a su apertura al público, como mínimo cuatro veces al mes. Más si cabe cuando se trata de un edificio patrimonio de todos los valencianos. Pero Camps se saltó esta exigencia para beneficiar a los cartujos, una orden que ha hecho voto de silencio y cuyos miembros están enclaustrados.
Según el punto 5, artículo 3 del Decreto 164/2006 de 27 de octubre, la Generalitat le otorgó la “dispensa de la obligación de sujetarse al régimen de visitas mientras se mantenga la actividad religiosa, en régimen de clausura, que en la actualidad se desarrolla en el inmueble”, fundamentando esta excepcionalidad en el artículo 32 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano“. Un trato de favor en toda regla.
Pero tras revelar eldiario.es que la propiedad del monasterio de Portaceli no es de los cartujos, en el PSPV-PSOE se han puesto manos a la obra para que, al menos, el bien de interés artístico pueda ser visitado por todos los valencianos. La diputada socialista en las Corts Valencianes Mercedes Caballero ha contrastado que “desde el 15 de agosto de 2017 en la Cartuja no se celebra ningún tipo de acto religioso, ni siquiera las misas dominicales que durante años se acogieron entre sus muros”. Por ello, entienden que el eximente que impuso Camps no se podría aplicar.
Por ello, la diputada socialista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento valenciano en la que pide la excepcionalidad de la protección del bien. Además, propone la apertura del monasterio al público según el BIC y reclama a los cartujos que permitan la entrada de los inspectores de la Diputación de Valencia para comprobar que el patrimonio está en perfectas condiciones, una de las premisas para que el edificio de la institución provincial siga siendo gestionado por la orden de los cartujos.
