Vicent Soler: “Sin Gobierno, las comunidades autónomas no podremos aprobar los presupuestos de 2020”

El bloqueo de la financiación autonómica, tanto de la reforma del sistema, caducado desde hace cinco años, como del envío de fondos por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones, ha llevado al conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, el socialista Vicent Soler, a plantear recortes de 438 millones de euros en la Administración valenciana. Pendiente de una reunión con la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, para consensuar el reparto del tijeretazo porque los consellers de la coalición valencianista asumirían más de la mitad de esa cifra, Soler describe la situación y se pronuncia sobre las posibles salidas a un problema que pone en duda incluso la posibilidad de elaborar los presupuestos de 2020.

La financiación de las comunidades autónomas se complica cada día más y ha entrado en una fase dramática con la obligación de hacer recortes en los gastos contemplados para 2019. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Problemas de financiación hemos tenido siempre, pero lo novedoso de este año ha sido que debemos hacer ajustes. Básicamente porque no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado. En 2018 el Gobierno no estaba en funciones y tenía un margen de maniobra para liberar los anticipos a cuenta que ahora no tiene. Además, permitió a las autonomías ampliar el déficit gracias a la negociación de la ministra María Jesús Montero en Bruselas. En nuestros presupuestos de 2019 contábamos con unos ingresos que no se darán porque no hay presupuestos generales, cuentas que tumbó una extraña alianza entre la derecha y los independentistas. Esa es la singularidad.

Ese básicamente es el argumento que ha dado la ministra. ¿Es imposible, si está el Gobierno en funciones, desbloquear la situación? ¿Ni el IVA por decreto?

Soy el primero que ha insistido personalmente a la ministra, el propio presidente Ximo Puig, también lo ha hecho para que a través de algún resquicio legal se puedan desbloquear los fondos. Debemos llegar al 31 de diciembre, aún estamos en agosto. El Gobierno ya nos dice que desde 2016 la Abogacía del Estado -tras una consulta de Cristóbal Montoro- aseguraba que un gobierno en funciones no podía aprobar decretos. En octubre de ese año el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, nos envió una carta a las autonomías con unas previsiones para que las autonomías pudiéramos confeccionar los presupuestos.

¿Y los 250 millones del IVA tampoco se pueden desbloquear? La abogacía habla de los anticipos a cuenta.

Aquí hay un problema. Está la figura del Real Decreto-Ley que se puede aprobar si el Gobierno no está en funciones. Los decretos son los que aprobó Sánchez tras la moción de censura porque no estaba en funciones. Este el el quid de la cuestión. Y todo lo que tiene que ver con el dinero son configuraciones legales.

¿La ley exprés que ha planteado la comunidad de Canarias sería una solución?

Puedo entender que lo que está diciendo Canarias es hacer una proposición de ley, una iniciativa legal que salga del propio Congreso. Porque del Gobierno no puede. Si es así nosotros encantados de la vida.

¿Pero es factible?

Es una propuesta hecha ayer -por este jueves- que debemos estudiar y que me consta que la ministra se está mirando.

¿Y nadie del Gobierno se había planteado esta fórmula?

Aquí estamos muy acostumbrados a las proposiciones de ley en la pasada legislatura porque Podemos nos daba apoyo en el Parlamento valenciano y teníamos mayoría. Ahora que estamos el PSPV, Compromís y Podemos en el Gobierno valenciano no nos hace tanta falta.

Si esa propuesta de Canarias no sale adelante y el país se encamina a las elecciones, hasta el próximo mes de febrero no habrá Gobierno, si lo hay. ¿Cómo aprobarán las autonomías los presupuestos, el techo de gasto...?

¿La urgencia de la que habla el PP para un Consejo de Política Fiscal y Financiera para qué es? ¿Para que hablemos? No podemos aprobar nada.

¿Sin Gobierno, cómo harán las autonomías los presupuestos de 2020?

Igual no se pueden hacer y hay que prorrogar los actuales. Es una situación muy inédita. Vamos a estudiar todos los escenarios, incluso trabajar en una carta como la que aprobó el Gobierno del PP en 2016 para echar adelante las cuentas autonómicas.

¿Finalmente, cómo se repartirán los recortes de 438 millones? Sus socios de Compromís se han molestado porque sus departamentos asumen más de la mitad de los ajustes.

Estoy convencido de que al final habrá un acto de responsabilidad por parte del Gobierno valenciano. Las retenciones de crédito que vamos a hacer son lo menos traumático porque se trata de partidas que no se van a utilizar. La directora general de Presupuestos, del PSPV, y el secretario autonómico de Hacienda, de Compromís, son los que acaban concluyendo el reparto de esos créditos que no se iban a utilizar hasta final de año. Ojalá no hubiéramos llegado hasta ahí, pero no hay disponibilidad.

El martes 3 de septiembre tendrá una reunión con Mónica Oltra para acordar los recortes y su reparto.

Eso son temas internos de Gobierno.

¿Pero usted está abierto a cambiar el reparto?

Estoy a favor de un acuerdo de corresponsabilidad del Gobierno valenciano. Estamos en una fase muy difícil! Podemos precisar las cifras, pero estas cifras no salen de una decisión unilateral de la conselleria. Es una propuesta que hemos hablado con las conselleries y la hemos contrastado. Espero que haya un acuerdo. Es una cifra trabajada técnicamente.

Entendemos que si pretenden modificar el reparto deberán aportar una propuesta.

Claro, y el cómo y el cuándo. Pero hay que hacer las retenciones de crédito.

¿Y de aquí a final de año podrían ampliarse los recortes en las cuentas de 2019?

Podrían ser más. O podríamos llegar a acuerdos de no disponibilidad. Es una medida instrumental.

¿Pueden las cuentas de la Generalitat llegar más exhaustas a final de año?

Esta es una medida instrumental, no un objetivo en sí mismo. Es una previsión que puede ser que sea lo menos malo posible. Hasta el 31 de diciembre. Ojalá con eso sea suficiente.

Está muy en sintonía con la ministra Montero. ¿Se le puede pedir algo?

Si le enseñara mi móvil vería las llamadas y los mensajes que le envío. Estamos todos los días apretando. Todos los días. Porque los valencianos somos los más afectados por la infrafinanciación.

Sí, pero Catalunya irá a los tribunales y el Gobierno valenciano no ha querido secundar la medida.

Claro, porque ya lo hicimos en 2016 y no sirvió de nada. Es un camino que ya hemos trillado nosotros. Le mandamos los papeles al Tribunal Constitucional y nos los devolvió a los quince días. Si la propia ministra lo dice. Ella ha sido consejera, lo que pasa es que no puede hacer algo ilegal. Estamos atrapados.

Hay una situación kafkiana. En la administración central no se gobierna porque no se puede y, donde sí se puede que es en las autonomías, tampoco les dejan porque bloquean el dinero.

Está muy bien explicado. Aquí hay un problema de definición del Estado. La Constitución de 1978 consagra un Estado compuesto a tres niveles. Pero vivimos en un momento de recentralización muy peligroso. Para tener Fondo de Liquidez Autonómica tengo 43 condicionantes. Esto no es un Estado compuesto. Debemos tener una vocación federalizante para que no haya un hermano mayor y los demás pequeños.

Pero al Gobierno de Sánchez tampoco le preocupa mucho profundizar en ese Estado compuesto. Y no va a quitar a las autonomías mejor financiadas para darles a las que están peor. Habría una rebelión.

Como la financiación es un operación de suma cero nadie se atreve a tocar el statu quo. ¿Cuál es la novedad? Previo a la reflexión sobre el reparto horizontal entre autonomías hay que hablar del reparto vertical. Aquí tenemos administraciones que tienen más obligaciones que dinero y otras que tienen más dinero que obligaciones. Los expertos cuantificaron en 2015 ese desfase en detrimento de las autonomías en 16.000 millones. Ese dinero es del contribuyente y debería ir a los servicios que dan las autonomías. El contribuyente no quiere listas de espera, quiere ayudas a la dependencia, no quiere barracones en los colegios... Tres de los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar los gestionan las autonomías. Eso es el Estado compuesto. Se han distribuido bien las competencias entre administraciones, pero no se ha hecho igual de bien con el reparto de los recursos.