El Consell de Mazón lanza cinco notas de prensa contra Sánchez por falta de financiación y saca pecho de perdonar 200 millones a los ricos

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón alza la voz por la “asfixia financiera” que a su juicio está perpetrando de forma premeditada el ejecutivo de Pedro Sánchez al no haber activado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al tiempo que saca pecho por reducir 183,8 millones en impuestos a las rentas altas, 14 millones a Iberdrola, y después de oponerse a la condonación de la deuda que le ahorraría unos 1.000 millones en intereses.

Tras las primeras quejas al respecto del propio Mazón días atrás cuando advirtió de una falta de capacidad de 3.000 millones de euros, este martes hasta cinco miembros de su Consell emitieron otras tantas notas de prensa denunciando los problemas de pagos que van a tener a corto plazo si no se activa el FLA, unas transferencias económicas del Estado pensadas para compensar el déficit de financiación a las autonomías infrafinanciadas que se ha venido aplicando en los últimos 13 años. En concreto, lo denunciaron la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, la de Hacienda, Ruth Merino, la de Justicia, Nuria Martínez, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y el de Sanidad, Marciano Gómez.

Camarero informó tras el pleno del Consell de la aprobación de una declaración institucional en la que exige al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para la aprobación inminente del FLA extraordinario, que calificó de reivindicación “imprescindible y de justicia” para poder “mantener los servicios públicos fundamentales de los valencianos, dar certidumbre a las entidades prestadoras de servicios y contribuir a la recuperación económica y social de Valencia”. Así, recalcó que es el Gobierno de Sánchez “quien debe explicar a los acreedores por qué no podemos hacer frente a las facturas” al “no abonar ese FLA extraordinario cuando se ha pagado estos 12 años con gobiernos de distinto color político”

Preguntada por la contradicción entre esta reivindicación y las rebajas impositivas aplicadas por el Consell, Camarero afirmó que “no tiene nada que ver”: “La liquidez lo que permite pagar son las facturas de los proveedores y la reforma fiscal lo que permite es ayudar a los más vulnerables, a los que más lo necesitan y ayudar al ahorro de los valencianos de determinados impuestos”.

La portavoz del Consell sacó pecho de la reforma fiscal “del ahorro” y desgranó las cuantías que ha dejado de ingresar la Generalitat: “En lo que se refiere al impuesto de sucesiones y de donaciones ha permitido ahorrar casi 156 millones de euros entre enero de 2024 y febrero de 2025; en cuanto a las nuevas tarifas del impuesto de transmisiones suponen un ahorro de 27,8 millones. Ahorros en el impuesto de transmisiones que afectan por ejemplo a la compra de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, familias numerosas, o a personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. No son ahorros a las personas que más lo necesitan”.

La realidad es que el PP valenciano aprobó bonificar al máximo el impuesto de sucesiones, un tributo que apenas paga una décima parte de las personas que heredan en la Comunitat Valenciana, y que excluye del cómputo la vivienda habitual.

Además, Mazón anunció la eliminación de una ecotasa de 14 millones de euros a Iberdrola como muestra de apoyo al mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes. La compañía obtuvo unos beneficios de 5.600 millones en 2024. Camarero ha defendido que esta ayuda “permite mantener la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los ciudadanos, ya que no hay recursos energéticos suficientes”.

Por otra parte, como informó elDiario.es, la Generalitat Valenciana se ahorraría cerca de 1.000 millones de euros en pago de intereses de aprobarse la quita de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno.

Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, según los cuales, la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas del régimen común implicaría como mínimo entre 6.500 millones y 7.000 millones de euros de ahorro en intereses. Extrapolando estos datos a la Comunitat Valenciana con una quita prevista de 11.210 millones de euros sobre su deuda, el ahorro en intereses sería de en torno a 927 millones de euros.

El Gobierno de Mazón ha rechazado hasta ahora la condonación tal y como la plantea el Gobierno. De hecho, la eliminación de la deuda histórica de la Generalitat Valenciana ha desaparecido de los objetivos que se marca el Gobierno del presidente Carlos Mazón en los presupuestos autonómicos recientemente presentados con el apoyo de Vox.