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El Gobierno valenciano defenderá en el Supremo la legalidad del plan de protección del litoral

La cala Mosca, el último kilómetro y medio sin urbanizar de Orihuela.

Carlos Navarro Castelló

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El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la legalidad del el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), suspendido el pasado mes de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras la denuncia presentada por una promotora.

La Conselleria de Política territorial que dirige el socialista Arcadi España presentó un recurso ante el alto Tribunal que ha sido admitido a trámite, según han confirmado este martes el propio conseller.

La promotora Torreviñas SLU, perteneciente la grupo inmobiliario Torreblanca del Sur de Torrevieja (Alicante), fue la que conseguió tumbar el Pativel en primera instancia, uno de los principales instrumentos de protección del territorio aprobado por el Consell hace tres años.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV estimó el recurso de la promotora por la falta de un estudio de viabilidad y sostenibilidad económica, la omisión de los informes en materia de género, familia e infancia y por no contener una evaluación ambiental y territorial estratégica con las distintas alternativas posibles.

El Pativel ha sido uno de los principales instrumentos de protección del patrimonio litoral, puesto en marcha por la exconsellera de Territorio María José Salvador, que lo presentó como “un instrumento territorial de conservación activa, de puesta en valor, que propone un conjunto de usos y actividades que permitan compatibilizar la preservación de los valores ambientales con la generación de valor añadido y un uso público sostenible de estos espacios por todos los ciudadanos”. Salvador calculó que el Pativel, junto a otras actuaciones legislativas aprobadas por Ejecutivo del Pacte del Botànic, preservaría el suelo equivalente al 10% del territorio valenciano.

La resolución de este litigio también afectará al futuro de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), cuyo entrada en funcionamiento está pendiente de una nueva resolución judicial tras la denuncia presentada por la plataforma 'Horta és Futur, No a la ZAL'.

Ta y como informó este diario, el pasado 28 de septiembre, se esperaba un primer fallo judicial de la sección 1 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuya magistrada ponente Desamparados Iruela, fue la misma que anuló con el voto particular de un magistrado el Pativel.

Sin embargo, la sala aplazó su pronuncionamiento sobre la ZAL hasta que el Supremo se pronunciara sobre el Pativel, al considerar que ambos litigios están relacionados.

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