La falta de convenio entre Gobierno y Generalitat complica la convivencia entre la renta valenciana de inclusión y el ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital, la medida estrella del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, ha entrado en vigor este lunes no exento de dudas y conflictos con algunas comunidades autónomas. Dirigentes de varios colores políticos cuestionan la actitud del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha ignorado las peticiones de cogestión para la ayuda a familias con bajos ingresos.

Las autonomías tienen dudas sobre cómo podrá complementarse este ingreso con las prestaciones que los gobiernos autonómicos han puesto en marcha y algunas, como la valenciana, insisten en que se firme un convenio de colaboración. En el caso valenciano se desarrolló hace dos años la renta valenciana de inclusión, que implica, además de las ayudas económicas, un acompañamiento a los beneficiarios del sistema para facilitar su inclusión social, como indica su nombre. El caballo de batalla de la conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra es precisamente el de vincular la ayuda con los planes de inclusión.

La vicepresidenta insistió el pasado viernes, antes de conocerse el contenido del decreto -sólo se había compartido el borrador-, en que la exclusión social no es sólo un problema económico y se puede ver afectada por otras cuestiones -vinculadas a la formación, por ejemplo-. Para acabar con la exclusión social algunas personas necesitan del acompañamiento de los trabajadores sociales y otros profesionales del sector, capacitados para la inserción social y laboral, que contribuyen a que las personas sean autónomas y vivan un proceso de emancipación, no de tutela.

La Generalitat Valenciana pide al ministerio un convenio de colaboración para compartir datos y evitar duplicidades o perjuicios a las personas que necesitan acceder a las prestaciones. Su departamento remitió dos escritos al ministro Escrivà realizando aportaciones al borrador, una comunicación de la que no han recibido respuesta personal, pero sí a través de los medios de comunicación, donde el ministro expuso que no consideraba que las autonomías estuvieran preparadas para esta gestión, declaraciones que enfurecieron al Consell.

No obstante, el BOE recoge la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IVM) con otras prestaciones autonómicas: “En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas. Por tanto, el ingreso mínimo vital se configura como una prestación «suelo» que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad. De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital, respetando el principio de autonomía política, permite a las comunidades autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial”, señala el decreto. 

El documento publicado en el BOE establece que el ingreso mínimo vital absorberá a los beneficiarios de otras prestaciones, para lo que requiere de la colaboración de las comunidades autónomas. “Las comunidades autónomas comunicarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de las potenciales personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación. Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos”, cita la disposición transitoria primera. Según se establece en la disposición adicional cuarta, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital. 

La pretensión de la Generalitat Valenciana es la misma que plasma el decreto. Que esta sea una renta 'suelo' que se pueda complementar con prestaciones autonómicas y libere fondos para llegar a más familias. Complementar, que no existir en paralelo. El problema viene con la gestión: si no se comparten los datos, el departamento de Mónica Oltra teme duplicidades que impliquen la devolución de parte de la cuantía. Por ejemplo, los beneficiarios 'por defecto' desde el 1 de junio del ingreso mínimo que también lo hayan sido de la renta valenciana. Y si no se vincula a itinerarios de inclusión -es decir, si el IMV es sólo una ayuda económica-, temen que pueda contribuir a la cronificación de la pobreza. 

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas emitió una nota el lunes en la que, después de revisar el decreto en el BOE, consideraba que la configuración de la ayuda estatal “impedirá a corto o medio plazo que se puedan complementar ambas prestaciones, lo que conllevará la convivencia de ambas ayudas”.

La idea que Oltra explicó el pasado viernes es que ambas ayudas se complementen, que la renta de inclusión pueda ser un añadido al ingreso mínimo vital, ajustando sus complementos por vivienda, pobreza energética u otros motivos. En la teoría, la filosofía de las prestaciones así lo permite -el IVM es compatible con otras prestaciones-; en la práctica, el Ejecutivo autonómico cree que tendrá que esperar a ver cómo se desarrolla este mes para poder aportar correcciones.

La renta valenciana de inclusión se facilita con carácter indefinido siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción y la renovación se hará cada 3 años; y amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como los de personas jóvenes extuteladas por la Generalitat o con personas a su cargo. Se concibe en los presupuestos como un crédito ampliable -no se acaban los fondos para esta partida- y en este año se han invertido ya 230 millones de euros, frente a los 20 en 2015 con el anterior modelo asistencial. La Generalitat prevé que en 2020 tenga que volverse a ampliar el crédito para esta partida, dada la situación derivada del coronavirus.

La Conselleria de Hacienda, a partir de los datos del ministerio, estima que el ingreso mínimo vital llegue a 100.000 hogares valencianos, mientras que la Conselleria de Políticas Inclusivas calcula que la renta cubre 50.000 hogares. Con carácter general, las prestaciones del Gobierno autonómico son más elevadas que las que prevé el central, contando el complemento de vivienda, por lo que esta prestación podría complementar el ingreso base y dejar fondos libres para llegar a más familias.