La jueza de la dana pide una lista de los anteriores Cecopi e intérpretes para los abogados que no entienden valenciano

La jueza de la dana ha pedido a la Generalitat Valenciana un informe sobre las alertas rojas decretadas en la última década y las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) convocadas “tras dichas alertas”, según una diligencia de ordenación dictada este miércoles por la magistrada instructora.

Se trata de una diligencia de prueba solicitada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, que ejercen los letrados Eduardo de Urbano y Sandra Imedio.

Por otro lado, la jueza rechaza que se incorporen a la causa los pliegos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que “no poseen relación con el objeto de la investigación”, tal como había advertido la instructora en un auto del pasado 18 de junio.

Además, la jueza acuerda que se designe un intérprete del valenciano para las próximas declaraciones testificales, previstas para los próximos 10 y 19 de septiembre y 3 de octubre.

La instructora ha tomado esta decisión tras las quejas de algunos letrados que no entendían el valenciano (tal como ocurrió durante la declaración del pasado 17 de julio del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó).

En una segunda providencia, la jueza ha pedido a las partes personadas y al Ministerio Fiscal que aleguen e informen, respectivamente, sobre la posible próroga del plazo de instrucción, que vence el próximo 30 de octubre, cuando se cumple un año de la apertura de las diligencias.