La justicia avala la municipalización del agua en Montserrat para una “mayor eficiencia” y calidad del servicio

El Ayuntamiento de Montserrat, gobernado por el socialista Josep Maria Mas, lleva tres años intentando municipalizar el agua del municipio, a consecuencia del muy bajo rendimiento de la red que provoca que el coste de la compra represente el importe más alto de los costes de explotación. Con una inversión de 800.000 euros, la municipalización de las redes privadas pretende planificar las inversiones y mejorarlas. El acuerdo fue avalado en 2019 por la Generalitat Valenciana pero la firma Aguas de Monteserrat SL recurrió la decisión de aprobar la memoria justificativa para la municipalización del servicios de abastecimiento de agua potable ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia, que inadmitió el recurso.

La empresa consideraba que el encargo de la memoria justificativa “no es un acto de trámite” sino que “pone fin al proceso de municipalización”. Aguas de Monteserrat SL recurrió la sentencia al considerar que no había un expediente contractual con la empresa externa encargada del informe y que el consistorio no tenia competencia en la adopción de la decisión de municipalización de agua, además de ausencia de interés público que resultaría “perjudicial para los vecinos”.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado el recurso de la empresa, a la cual indica que, en todo caso, debería recurrir el acuerdo del Consell “al ser este el acto definitivo que aprueba dicha municipalización”.

“El Ayuntamiento de Montserrat opta por el sistema de prestación en régimen de monopolio como parte de sus competencias”, reitera el TSJ-CV. Además, el ayuntamiento recuerda que existen decisiones judiciales firmes que impiden la continuidad de la concesión e incide en la necesidad de unificar la prestación del servicio en todo el municipio.

Informe de la Comisión de Defensa de la Competencia

El acuerdo municipal supone la prestación del servicio de suministro de agua potable en régimen de monopolio a través de la gestión indirecta y sin modificación del régimen tarifario actual.

La municipalización permite a la Corporación municipal realizar nuevas obras para el suministro adecuado de agua en todo el territorio, al contar con un estado muy distinto entre las infraestructuras de las distintas redes (mejor en las zonas urbanizadas que en los espacios en los que “el crecimiento se ha producido al margen de los procesos urbanizadores”, según reza la memoria justificativa).

Un informe de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC), dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, ya avaló la concurrencia de motivos para el establecimiento de un régimen de monopolio para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. “Una decisión basada en una mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio”, concluye el CDC, que destaca que el régimen de monopolio “parece ser el sistema económicamente más sostenible y eficiente”.