Una injusticia de Estado

La Generalitat Valenciana “no quiere déficit asimétrico, quiere recursos”, exclamó el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, esta semana al presentar una propuesta para que  el Estado compense con ingresos extra a las autonomías perjudicadas por el sistema de financiación. Las cuentas valencianas, que ahora encaran su elaboración para el ejercicio de 2021, son muy elocuentes. Parten con un agujero derivado de su infrafinanciación de más de 1.300 millones de euros que aumentarán inevitablemente una deuda pública que ya supera los 48.000 millones (el 42% del PIB). La valenciana no es la única comunidad deficientemente financiada, aunque sí la peor. 

Se trata de un hecho que nadie discute, pero que no se acaba de solventar mediante una reforma del sistema de financiación autonómica cuyos grandes rasgos hace tiempo que pusieron los expertos sobre la mesa. Una reforma que los gabinetes de Mariano Rajoy trataron con el método de la patada a seguir y a la que se ha comprometido reiteradamente el actual Gobierno, que nunca encuentra el momento de ponerla en marcha.

Como reconoció hace unos días el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está emplazado a emprender esa reforma, entre otras cosas, porque lo pactó explícitamente con Compromís en el acuerdo de investidura. El propio presidente y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han reiterado esa voluntad. Pero nunca llega la hora. Por eso la coalición valencianista arrancó la promesa de que habría un documento sobre el que empezar a trabajar a estas alturas. Montero incluso precisó que en noviembre estaría disponible “un primer esqueleto” de esa reforma. Sin embargo, parece que tampoco será así.

Y ni el Gobierno autonómico del Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, ni el resto de fuerzas políticas valencianas están en condiciones de asumir un nuevo ejercicio presupuestario en el que sea necesario recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para garantizar la provisión de los servicios públicos fundamentales. Menos todavía cuando hay que hacer frente a la crisis derivada de la actual pandemia, con el horizonte expansivo y el refuerzo de la sanidad pública que serán ineludibles.

La paradoja consiste en que la Generalitat Valenciana es el gobierno autonómico que lidera la recuperación de la inversión en políticas sociales tras los recortes sufridos en la crisis de 2008 a 2013. Desde que llegaron las izquierdas a las instituciones valencianas, en 2015, ha aumentado en 1.656 millones de euros, un 14,5%, el gasto autonómico en sanidad, educación y servicios sociales (nada que ver con los derroches de la época triunfalista del PP). Un incremento calificado de “espectacular” por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha recogido esos datos en un reciente informe.

Pero solo ha sido posible acumulando deuda porque la Administración autonómica recibe por cada valenciano 203 euros menos que la media con el actual sistema de financiación. Es a todas luces un desequilibrio inaceptable que eterniza la falta de equidad.

En la agenda de los temas de Estado se acumulan asuntos, desde la renovación bloqueada del Poder Judicial hasta la búsqueda de una salida para el conflicto en Catalunya, por no hablar de la ingente recuperación económica frente a la COVID-19. Ahora mismo, un Gobierno central en minoría afronta la tarea de articular una mayoría para sus primeros Presupuestos Generales. No es poca cosa. Pero como ya advertí en otro artículo, la reforma de la financiación autonómica es una urgencia de salud pública porque, si hay que superar la crisis por la pandemia, se ha de abordar la brecha creciente entre las necesidades reales en sanidad y protección social y los recursos públicos destinados a ello.

Hablamos de una urgencia grave y, también, de un problema de Estado. “El principio constitucional de la eficiencia y la equidad se ha de plantear, sobre todo cuando hablamos de administraciones que se hacen cargo de las cosas que afectan a la vida cotidiana de las personas”, advertía el conseller Soler al anunciar que propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esas “transferencias horizontales de nivelación”, que implicarían un movimiento total de 4.220 millones y de las que también se beneficiarían Madrid, Andalucía, Catalunya, Murcia y Baleares. “Es una fórmula progresiva que nos acerca a la media”, añadió. En todo caso, una fórmula transitoria en la perspectiva de que 2021 ha de ser, sí o sí, el año de la reforma de un sistema cuya vigencia terminó en 2014.

Es sabido que se pueden cometer delitos, pecados y también injusticias en los que no se incurre por acción, sino por omisión. Este último caso es el de la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva un lustro caducado y desgarra la igualdad de trato de los ciudadanos sobre la que ha de basarse la diversidad de los territorios y la cogobernanza en un sistema de orientación federal como el nuestro. Una injusticia de Estado que se agrava más y más con su insoportable prolongación en el tiempo.