Orihuela (PP) se adelanta al Gobierno valenciano y ya privatiza la elaboración de informes urbanísticos sin el decreto que lo ampara

El Ayuntamiento de Orihuela, que gobiernan PP y Ciudadanos, se ha adelantado a la Conselleria de Obras Públicas de la Generalitat y ya puede externalizar la elaboración de informes urbanísticos. El departamento que dirige Arcadi España elabora en estos momentos un decreto por el que dotará a los consistorios del instrumento legal que les permita hacer esta privatización con el argumento de “agilizar” los expedientes para dar licencias urbanísticas.

El problema para el consistorio de la Vega Baja radica en que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) obliga a que sea la conselleria la que regule la actuación y autorización de entidades colaboradoras en la realización de estos informes que en la actualidad hacen funcionarios, según ha denunciado públicamene Cambiemos Orihuela. 

Obras Públicas lleva varios meses tramitando el decreto para que los ayuntamientos puedan autorizar a empresas externas o colegios profesionales para elaborar informes urbanísticos, de planeamiento o edificación. La propuesta, que debe pasar a Les Corts para su convalidación tras el proceso de exposición pública, ha soliviantado a los técnicos municipales que consideran la norma una privatización de una función estratégica para evitar suspicacias. De hecho, tras las alegaciones han amenazado con acudir a los tribunales, como explicó eldiario.es.

Por su parte, desde la Conselleria al igual que desde el Ayuntamiento de Orihuela, defienden que han tenido que desarrollar esta externalización por la imposibilidad de contratar funcionarios y ante el bloqueo de los expedientes urbanísticos. Su agilización mejoraría la entrada de fondos en los municipios y dinamizará la economía, señalan.

En el caso de Orihuela, el convenio con el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana sirve para cuatro situaciones: identificar y habilitar a las empresas externas que realicen informes para el ayuntamiento; supervisar la integridad formal del trabajo; controlar técnica y formalmente las exigencias del ayuntamiento para la tramitación y obtención de la licencia de edificación, reforma o rehabilitación y el cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial, incluso con la petición de informes preceptivos.

Desde Cambiemos Orihuela, como los técnicos municipales que antes han denunciado, explican que el convenio de Orihuela “es irregular” porque todavía no está amparado por el decreto del Consell, como marca la LOTUP. Además, consideran que como es el ciudadano o promotor el que debe pagar por los informes externos consideran que supone “una privatización parcial de la gestión municipal” y “una mercantilización de los derechos urbanísticos”.

En el mes de octubre del pasado año se habían presentado 75 solicitudes para acogerse al convenio de externalización. “A mitad del mes de noviembre ni una sola de ellas había recibido visado de cualificación urbanística”, critican desde Cambiemos Orihuela.