La atención a 30.000 inmigrantes solo cuesta a la sanidad valenciana 6 millones “extra” de un presupuesto de 6.390
6,05 millones de euros, menos de un 0,1% del presupuesto de la Conselleria de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana cuyo presupuesto alcanza los 6.390 millones en las cuentas de 2018, es el coste “extra” que supone a las arcas valencianas la atención integral de 30.000 inmigrantes sin papeles en la Comunitat Valenciana. Este era el esfuerzo que aprobó el gobierno del Botànic que suponía garantizar la sanidad a toda la población y que ahora ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional.
La cifra no es nueva, se conoce desde hace ya más de año y medio cuando lo señalaba la propia consellera Carmen Montón en una respuesta, recogida por Europa Press, a la pregunta parlamentaria formulada por Juan Ginés Córdoba, diputado de Ciudadanos.
En esta respuesta Montón señalaba que el decreto 16/2012 del Gobierno de Rajoy excluía de la sanidad universal a 127.000 inmigrantes irregulares “basándose en un supuesto ahorro económico que no fue avalado ni acreditado por ningún informe, y no se tuvo en cuenta, además, el sobrecoste que suponía la derivación a la atención de urgencias, donde el coste es mucho superior al de la atención primaria”.
Contra ello la ley valenciana quería “corregir un grave problema social”, pero en esta ocasión realizando una evaluación de impacto económico. Así en la memoria económica se calculaba que la ley beneficiaría a 30.000 personas, y que ascendía a un coste de 6.050.000 euros, divididos en 3.250.000 euros en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas y 2.800.000 euros en la propia asistencia sanitaria.
Además estos poco más de 6 millones era una cantidad menor que la cobertura que mantenía el decreto del Gobierno de Rajoy para mujeres sin papeles embarazadas, menores de edad y personas sin derecho a atención sanitaria en situación de urgencia, que se cifraba en 6,8 millones.
Cifras a la baja
No obstante esta cifra inicial dada a principios de 2016 necesitaría una revisión todavía a la baja, ya que de los 30.000 beneficiarios actualmente se señala una cifra más concreta menor, 23.663 personas. Además Montón señala que el coste inicial para atender a estas persones por urgencias -una vía más cara- se “atenúa” conforme “están integradas en la sanidad y tienen el recurso de ser vistos por la Atención Primaria”.
