La Audiencia rechaza la nulidad de las escuchas teléfonicas del Plan Rabassa

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo

La Audiencia Provincial de Alicante ha vuelto a rechazar declarar nulas las escuchas teléfonicas relacionadas con la tramitación del Plan Rabassa (Alicante), autorizadas y prorrogadas en su día por el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela en el contexto de la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante dentro del caso Brugal.

Fabra no despeja el futuro de Sonia Castedo en la alcaldía de Alicante

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Como recuerda Europa Press, la defensa del empresario alicantino Enrique Ortíz presentó el recurso -al que se adhirieron tres personas más- para que se anularan las escuchas telefónicas realizadas. La Audiencia recuerda que ya dictó el rechazo de esta medida en enero de 2012, cuando se utilizaron los mismos argumentos para solicitar la nulidad de las escuchas.

Satisfacción en Esquerra Unida

El portavoz de EU en la ciudad de Alicante, Miguel Ángel Pavón, y la diputada autonómica Esther López Barceló han celebrado que el proceso por el "presunto amaño" del Plan Rabassa siga adelante tras la desestimación por parte de la Audiencia Provincial de los recursos presentados. Esta formación recuerda que se juzgan presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La decisión de la audiencia, advierten, sitúa la pieza "a las puertas de una instrucción de la que podría derivarse la imputación de los denunciados", entre los que se encuentran la todavía alcaldesa Sonia Castedo, el anterior alcalde Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz.

Así, consideran que resulta "increíble que Sonia Castedo no dimita de su cargo de alcaldesa tras dimitir como diputada de Les Corts Valencianes", por lo que piden que dimita de todos sus cargos públicos "para dedicarse a defenderse en los tribunales y dejar de hacer daño a la imagen de la ciudad".

Esquerra Unida trasladará al TSJ su posición favorable a que la pieza de Brugal del presunto amaño del Plan General vuelva a los juzgados de Alicante, "de donde nunca debió salir", ya que lamentan que Castedo y Alperi "han utilizado su condición de diputados en Les Corts Valencianes y, por consiguiente, de aforados, como un privilegio que les ha permitido retrasar su más que probable y cada vez más cercano procesamiento. Una vez que se reactive y finalice la instrucción en los juzgados de Alicante, de imputados pueden pasar a procesados".

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