Siete ayuntamientos valencianos tendrán que devolver más de 200.000 euros en ayudas europeas por deficiencias en el proyecto

Más de 200.000 euros. Esa es la cantidad deberán devolver siete municipios valencianos (Enguera, Bolbaite, Navarrés, Fontanars, Villanueva de Castellón, Genovés y Llosa de Ranes) a la Unión Europea (UE) por el proyecto Life-Ecoglauca Érgon, que Bruselas rescindió anticipadamente en abril del pasado año por la “mala calidad” de los informes presentados, así como por una “larga lista de deficiencias y problemas” que no fueron corregidos, tal y como ha denunciado Acció Ecologista-Agró.

Esta cantidad corresponde al dinero avanzado del primer pago de un presupuesto total de 1,4 millones de euros, de los que la UE aportaba aproximadamente el 48% (672.000 euros) y el resto los siete municipios integrados en un consorcio. Aproximadamente un tercio de la parte aportada por Bruselas (unos 220.000 euros) es la que se pagó inicialmente y de la que ahora se reclama la devolución.

Según asegura la organización ecologista, la mayor parte del dinero del proyecto ha ido a parar a empresas de asesoramiento técnico, “como In4wood, que elaboraron informes considerados por la UE de baja calidad”. Los ayuntamientos, “que lamentablemente no han obtenido ningún beneficio conocido de todo esto”, se ven obligados a devolver este dinero.

Se da la circunstancia, advierten desde AE-Agró, que el proyecto se presentó en Europa antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, por lo que los actuales gobiernos municipales lo “han heredado, les guste o no” de sus predecesores, de diferente color político (PP, PSPV y Compromís). Quien no ha cambiado, apuntan los ecologistas, es el director técnico del proyecto, Fernando Pradells, presidente de la Plataforma Forestal y gerente de la Asociación de Municipios Forestales Valencianos (Amufor). Pradells es promotor del proyecto junto al alcalde de Enguera y presidente de Amufor, Óscar Martínez (PSPV).

A los ecologistas les preocupa “mucho” que “destacados dirigentes” de la Asociación de Municipios Forestales Valencianos y de la Plataforma Forestal aparezcan como responsables en un proyecto “fracasado y defectuoso”, ya que consideran que “desacredita y da una mala imagen de los ayuntamientos valencianos y de entidades como Amufor ante la Unión Europea y en relación a proyectos y fondos europeos de medio ambiente y desarrollo rural”.

Acció Ecologista-Agró pedirá que se investigue a fondo esta iniciativa y las deficiencias e irregularidades detectadas y las pondrá en conocimiento de las autoridades e instituciones “que sea necesario para averiguar todos los detalles”. Así mismo, han informado de este asunto a los grupos parlamentarios para que investiguen y aclaren la situación.

Falsedades, inexactitudes e información sesgada

El alcalde de Enguera ha calificado las acusaciones de Agró como “falsedades, inexactitudes e información sesgada” y apunta que el expediente completo solo está en la sede del Ayuntamiento de Enguera, la Comisión Europea y la sede de la empresa asesora Idom. Ante la “gravedad” de las acusaciones, el Consistorio de Enguera estudia iniciar acciones “administraciones y jurídicas” para que se diriman las posibles responsabilidades que pudieran derivar.

Asegura que es “totalmente falso” que la Comisión Europea haya decidido cancelar el proyecto por la falta de calidad técnica de los estudios realizados. De este modo, apuntan a una “discrepancia técnica” en la selección de las parcelas por un “cambio de criterio”. El Ayuntamiento de Enguera comunicó a la comisión que no se oponía al cierre del proyecto, “siempre y cuando se compensara a las localidades participantes con el porcentaje de la subvención ejecutada hasta la fecha, aproximadamente un 70 por ciento”.

La Comisión Europea reclamó el pasado mes de marzo 113.408 euros al Ayuntamiento de Enguera, una decisión que el Consistorio recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea por considerarlo un “abuso e incorrecta actuación” de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, un proceso judicial “actualmente en tramitación y por tanto no finalizado”.

También califica de “falsa” y “gratuita” la acusación “sin pruebas” de baja calidad técnica del proyecto, así como tampoco es cierto que el desarrollo del proyecto no ofreciera resultados positivos “para los ayuntamientos participantes y sus ciudadanos”. “Los resultados son altamente positivos para la mayoría de los Ayuntamientos”, explica Martínez, quien cree “una pena” la clausura abrupta del proyecto que ha impedido su terminación y su difusión efectiva a los agricultores y a la ciudadanía en general“.