La cesión forzosa de viviendas vacías de grandes tenedores encalla el decreto que impulsa Podem por las reticencias del PSPV

La vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática del Gobierno valenciano que encabeza Héctor Illueca ultima una de sus normas estrella: el documento que crea un registro de grandes propietarios de vivienda, sanciona el acoso inmobiliario e incorpora un cuerpo de inspectores autonómico. El texto, que lleva preparándose meses en diálogo con el sector y las plataformas por el derecho a la vivienda, implica completar el despliegue legislativo del Consell en el marco de sus competencias, mientras se desarrolla la ley estatal de vivienda. Y como el texto del Gobierno central, el autonómico también lleva un tiempo encallado por las negociaciones entre socialistas y Unidas Podemos; la previsión era aprobarse en noviembre y aún no ha pasado por el pleno del Consell.

Los negociadores confían que en los próximos días se llegue a un acuerdo para aprobar el decreto ley, dado que el conflicto se enmarca en un aspecto muy concreto. De los 47 artículos que tiene el la norma, los socialistas manifiestan reticencias en aquellos que afectan a la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes propietarios para alquiler social, según fuentes de la negociación.

Para que se active esta posibilidad de la norma deben darse una serie de condicionantes: que la vivienda sea de un propietario que tenga más de 10 inmuebles, que lleve más de un año deshabitada sin justificación (dentro del registro autonómico), que el propietario no se haya acogido a ninguna de las medidas para poner en circulación la vivienda y que haya una necesidad habitacional y una vulnerabilidad constatada. Debe haber condiciones sociales que justifiquen esa cesión, como que se encuentre en una zona tensionada (también según un índice de precios) y el destinatario esté inscrito en el registro de demandantes de vivienda. La cesión se prevé para un periodo máximo de 7 años y la Generalitat compensará una parte del precio, asumiendo además la obligación de mantener la vivienda en condiciones para volver al mercado.

El decreto ley impulsado por Unides Podem prevé un régimen sancionador y una definición del acoso y los abusos inmobiliarios, con sanciones que van desde los 350.000 hasta el millón de euros en los casos más graves. Otra de las novedades es la creación de un cuerpo de inspectores para detectar los abusos y vigilar el cumplimiento de la norma, también en lo referente al régimen de precios y las comunicaciones. Con el decreto, Vivienda colaborará con el registro de la propiedad para detectar las viviendas vacías de grandes tenedores y terminará de tejer su red legislativa, conectando el resto de decretos entre sí.

El registro de grandes propietarios, que tendrá carácter privado -por protección de datos- pero ofrecerá información estadística, permitirá unir esta información con el registro inmobiliario, el de viviendas deshabitadas y el de demandantes de vivienda, componiendo un mapa de recursos públicos en esta materia. Será obligatorio que los propietarios de más de 10 inmuebles informen sobre su razón social, el uso de las viviendas y otras características, además de ofrecer un contacto con la administración pública. La norma incorpora también el desarrollo de los protocolos antidesahucios, las mesas de negociación y otras herramientas para dar alternativas habitacionales a las personas en situación de emergencia.