Compromís coloca la reforma de la financiación autonómica, una prioridad valenciana, en el pacto del PSOE y Sumar

No ha sido sencillo. A principios de mes, una de las partes no quería concretar las peticiones en un acuerdo. La semana pasada la cuestión parecía haber encallado, obstruida, principalmente, por la falta de acuerdo para reducir la jornada laboral. Pero el lunes era ya otra semana, el conflicto parecía haber quedado atrás y, después de una jornada maratoniana, el acuerdo llegó el martes por la mañana.

El documento pactado entre el PSOE y Sumar para un gobierno de coalición contempla la reforma del sistema de financiación autonómica y una compensación para la Comunitat Valenciana. Compromís, parte de la plataforma que lidera Yolanda Díaz, ha conseguido colocar esta cuestión en el acuerdo de gobierno, que reconoce la singularidad de la autonomía peor financiada del Estado. Los cuatro diputados que la plataforma de izquierdas obtuvo en las últimas elecciones darán su 'sí' a una investidura de Pedro Sánchez, que aún necesita dos docenas más para obtener la mayoría, tras cerrar el acuerdo a pocas horas de la presentación.

La financiación autonómica es un tema clave para la Comunitat Valenciana. Es la que menos recursos per cápita recibe del Estado junto a Murcia, con más de 230 euros menos por habitante de diferencia respecto a la media, lo que significa que tiene dificultades para sufragar los servicios públicos básicos, como Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Significa también, que tiene que hacer un mayor esfuerzo que otros territorios para llegar a la media, para que los habitantes reciban un trato similar al que recibirían en otro territorio. O que no le quedan recursos para invertir en políticas de investigación, innovación o desarrollo. Que llega justa a final de mes y crece su deuda por los créditos.

En concreto, el acuerdo entre Sumar y el PSOE indica que se impulsará un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, basado en los principios de “equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional”, que corrija la infrafinanciación de “determinadas” comunidades autónomas.

El texto reconoce específicamente la singularidad valenciana y compromete a que “mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”. No es exactamente el fondo de nivelación que los valencianistas han reclamado históricamente, pero sí una compensación que garantiza la cobertura de servicios. Sobre la condonación de la deuda histórica, aquella derivada de la infrafinanciación y que se cifra en 42.000 millones de euros en el caso valenciano (más del 70% de su deuda total), tampoco hay mención, como no la hay a la ampliación del Puerto de Valencia, un asunto encallado entre el PSOE y Compromís y que agita la política autonómica.

El acuerdo incorpora otras medidas que permitirán a las comunidades autónomas disponer de mayor liquidez, como la financiación del sistema de dependencia hasta alcanzar el 50% que marca la ley o la cofinanciación del transporte público. Respecto a las infraestructuras, donde la Comunitat Valenciana también está en cola, el documento recoge ampliar la financiación y acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao, como ejes ferroviarios prioritarios para la conexión ferroviaria valenciana, además de impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Otro de los compromisos que la coalición valencianista ha conseguido rubricar es la modernización de la red de Cercanías valenciana, la línea Alicante-Murcia y la conexión del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con las ciudades de Elche y Alicante.

Referencias al Pacto del Botánico

El acuerdo incluye una serie de medidas sociales similares a las adoptadas en las dos legislaturas del Pacto del Botánico, el gobierno de coalición de izquierdas en la Generalitat Valenciana, que para Compromís significan un reconocimiento al trabajo. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral, la ampliación del permiso de nacimiento de las 20 semanas y la universalización de la educación de 0-3 años.

El documento también incluye demandas históricas de Compromís como la regulación de los precios de alquiler, la restricción a los apartamentos turísticos y la protección a familias de rentas medias por la subida de las hipotecas. “Esta legislatura será una legislatura valiente y en clave valenciana”, ha valorado la diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó, que asegura que la coalición se mantendrá vigilante para que se cumpla el acuerdo.