Compromís y PSPV proponen extender el trasporte público gratis y rebajas en la factura del agua

El PSPV y Compromís reclaman un aumento de las ayudas a la población de rentas bajas en sus enmiendas a la ley de medidas fiscales de la Generalitat Valenciana. Socialistas y valencianistas coinciden en registrar medidas para prorrogar el transporte público gratuito a los menores de 31años y extender la rebaja en el canon del agua, que subirá en las próximas cuentas públicas.

Compromís ha planteado en sus enmiendas que los receptores del bono social térmico tengan la consideración de consumidores vulnerables y se les bonifique en un 50% el pago del canon aplazado del agua, mientras que los socialistas plantean que se puedan deducir gastos relacionados con la compra básica y tratamientos sanitarios.

Los socialistas presentan medio centenar de enmiendas al proyecto de medidas fiscales y reclaman que se recupere la oficina de activos contra la corrupción, encargada de devolver a las arcas públicas bienes y recursos económicos afectados por procedimientos judiciales. Siguiendo su línea en los últimos meses de Gobierno y en campaña electoral, los socialistas insisten en una batería de deducciones fiscales para los gastos de la cesta de la compra, tratamientos sanitarios y por donaciones con carácter humanitario a Ucrania y a la población Palestina que reside en la franja de Gaza.

Como han hecho PP y Vox, el PSPV pide incorporar deducciones por tratamiento de enfermedades crónicas y raras, así como los de daño cerebral o Alzheimer, y que todos los ciudadanos puedan deducirse el 30% de los tratamientos de salud bucodental, salud mental o gastos de óptica, aumentando el importe máximo hasta los 200 euros. El impacto de las desgravaciones es cuestionado por algunos sectores, considerando que las rentas bajas ya están exentas de realizar la declaración o que suponen una financiación indirecta de actividades privadas. El año pasado, en la última campaña de la renta, las personas que ingresaran menos de 22.000 euros brutos de un único pagador (14.000 si se trata de dos) estaban exentas de hacer la declaración de la renta.

Compromís, que ha presentado también medio centenar de enmiendas al texto, reclama la supresión de una decena de artículos de la ley, entre los que está el que permite que los altos cargos cobren por dar clase, la retirada de un informe previo para otorgar subvenciones que las justifiquen, el cambio de criterios en los centros de servicios sociales concertados o los cambios en el plan Edificant, además de varias referencias a la ley de ordenación del territorio y caza.

Los valencianistas piden recuperar la oficina de derechos lingüísticos, que se derogará si se aprueba el proyecto de ley de acompañamiento, y también que las bibliotecas municipales incorporen libros sobre diversidad, en el punto de mira de Vox. Asimismo, reclaman cláusulas de compensación territorial para los municipios con plantas solares fotovoltaicas.

La coalición valencianista pide al Consell que mantenga el decreto de plurilingüismo tal como está aprobado, en lugar de las modificaciones que ha planteado la Conselleria de Educación, que implican la derogación de ciertos artículos, reduciendo la presencia del valenciano en zonas castellanohablantes. El Consell Econòmic i Social y el Consell Jurídic Consultiu han manifestado sus discrepancias respecto a esta norma.