El PSPV alerta que la modificación de las leyes de protección del territorio “supone volver al urbanismo salvaje”

Las reformas de las leyes de protección del territorio que prepara el Consell de Carlos Mazón han puesto en alerta a la oposición en las Corts Valencianes. El Ejecutivo autonómico ha dado los primeros pasos em modificar las normas que afectan a los planes urbanísticos, a los proyectos de inversión y a los planes industriales, planteando una relajación de los trámites y un cambio en los procesos, eliminando el trámite de la consulta previa obligatoria en los grandes proyectos.

El pasado viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este viernes el decreto que modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y reducirá la transparencia en los grandes proyectos. La modificación elimina la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”. La Conselleria de Infraestructuras ha metido en el mismo paquete la reforma de la ley de protección del territorio y la rebaja del precio del transporte público; dado que forman parte del mismo decreto, el mecanismo que hace indivisible la votación en las Corts Valencianes.

En este sentido, desde el PSPV alertan de las “consecuencias irreparables” del cambio: “Eliminar la consulta previa supone volver al urbanismo salvaje y un menosprecio a la transparencia y participación”, denuncia la exconsellera de Territorio y diputada María José Salvador. La dirigente socialista la dirigente socialista ha criticado que “Mazón, de la mano de Vox, apueste por un urbanismo a la carta que va en contra de la normativa básica europea y estatal sobre la consulta previa” y ha explicado que “lo que quieren conseguir con esta modificación de la legislación es volver a un modelo que no nos podemos permitir”. “Todos sabemos cómo acaba la barra libre en materia urbanística, solo tenemos que ver nuestra historia”, ha aseverado la diputada, que apunta que “los valencianos y valencianas todavía estamos pagando de nuestros bolsillos tras las sentencias que le cayeron a la conselleria como consecuencia de una mala organización y de un crecimiento sin límite”.

En un escrito de respuesta, el PP asegura que la nueva tramitación “garantizará que se cumplan todas las medidas medioambientales en los proyectos”. La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Laura Chuliá, defiende que “con esta reforma se podrá agilizar la llegada de inversiones y por tanto la creación de puestos de trabajo para los valencianos”. Asimismo, asegura que el objetivo “es cumplir con el compromiso de eliminar burocracia, agilizar procedimientos y dar mayor seguridad jurídica a las inversiones”.