La Renta Valenciana de Inclusión compensa más de 6.700 expedientes del Ingreso Mínimo Vital

La Generalitat Valenciana compensa a través de la Renta Valenciana de Inclusión más de 6.700 expedientes del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central desde que la prestación se puso en marcha. Según los datos del Gobierno autonómico, sus servicios han tenido que modificar 6.765 expedientes para hacerlos compatibles con el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, de base y de media, implica una menor compensación económica que la renta autonómica.

La prestación media reconocida por el Ingreso Mínimo Vital, según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, es de 460 euros, aunque el umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (en el caso de hogares unipersonales) y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores o cuatro adultos y un menor. Hasta febrero, el 50% de los hogares perceptores recibía una prestación inferior a los 500 euros mensuales. En las tres provincias valencianas, la media de la prestación por hogar es de 440 euros en Valencia, 492 en Alicante y 445 en Castellón en el mes de marzo.

Por contra, la media de prestaciones de la Renta Valenciana de Inclusión es de 600 euros y el 82% de los titulares percibe una media de 641 euros, correspondientes a lo que se conoce como renta de inserción social, que lleva consigo los itinerarios de servicios sociales, una medida que el Gobierno central quiere comenzar a implementar. Por provincias, esta renta implica un importe medio de prestación de 572 euros en Valencia, 641 en Alicante y 588 en Castellón, sin contar los complementos de vivienda -ya sea en hipoteca o alquiler- y de ayudas para los suministros energéticos. Estos complementos suponen un apoyo de 65 euros de media en el caso de los suministros y de entre 100 y 150 euros para alquiler e hipoteca. Así, la diferencia media, sin tener en cuenta los complementos, es de unos 130 euros mensuales por hogar.

En cuanto a los beneficiarios, el Instituto Nacional de la Seguridad Social publicó este jueves los datos actualizados del mes de marzo. El departamento que dirige José Luis Escrivá abonará en los próximos días 203.838 prestaciones a hogares donde residen 565.195 personas. De media, cada hogar que ha sido reconocido como titular del Ingreso Mínimo Vital está formado por 2,77 personas. La mayoría de hogares que reciben el ingreso están formados por un adulto solo o por un adulto y un menor, con más de 41.000 unidades de convivencia en estos dos supuestos. Según los datos de marzo, casi el 44% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. El abono de 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses.

El Ingreso Mínimo vital fue una de las medidas estrella del Gobierno de coalición y, por el momento, deja a cerca del 70% de los solicitantes fuera, gran parte de ellos por criterios de renta. Según el ministerio, “en su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia”, una causa que se ha modificado del decreto en enero. Según los datos actualizados, de los 873.000 expedientes tramitados se han resuelto más de 811.000, de los cuales sólo se han aprobado 210.720 expedientes. Al total de expedientes recibidos (1,2 millones) hay que descontar los 82.500 expedientes duplicados, lo que deja el total de expedientes para tramitar en 1,16 millones para todo el Estado español. La Renta Valenciana de Inclusión, según la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra ha tramitado 11.431 expedientes hasta marzo, de los cuales ha aceptado 10.134 y ha denegado 1.279, solo el 10% del total. Desde las comunidades autónomas como la valenciana mantienen su insistencia al Gobierno para cogestionar las prestaciones e incluir los itinerarios de inserción social.