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Ribera Salud niega haber recibido 26 millones de la Generalitat del PP por lucro cesante, y que le costó 3 más mantener la concesión

Alberto de Rosa, director gerente de Ribera Salud.

Toni Cuquerella

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Ribera Salud se ha mostrado sorprendida de que “17 años después” se haya denunciado la rescisión de la concesión del Hospital de la Ribera que tuvo lugar en 2002, con la Generalitat del PP, por un pago “injustificado” de 26 millones por lucro cesante, que ha negado la empresa. Es más, Ribera Salud afirma que pagó 3 millones de euros para conseguir el nuevo concurso de gestión.

En un comunicado la que fue concesionaria del hospital rescatado de Alzira afirma que “Ribera Salud no va a permitir que una vez más se difame y se ataque gratuitamente a su honor y profesionalidad con fines electoralistas”, en referencia a la denuncia presentada por Compromís ante el Tribunal de Cuentas.

En el mismo comunicado Ribera Salud explica que en 2002 la Generalitat decidió implantar un modelo integral de Atención Primaria y Especializada en el área de la Ribera y sacar un nuevo concurso, por lo que la concesión que tenía la empresa del Hospital de la Ribera desde 1999 “no podía quedarse al margen de este cambio integral. Por esta razón se resolvió el contrato inicial por mutuo acuerdo para sacar un nuevo concurso”.

En la resolución por acuerdo de la concesión, explican en Ribera Salud, había que incluir un pago al concesionario por la inversión no amortizada a esa fecha, más el lucro cesante por no poderse cumplir el plan presentado al concurso por la empresa para los 10 años de concesión previstos inicialmente“. Los cálculos del pago se hicieron a través de una auditoría por parte de la Generalitat que explican fijó en 69 millones de euros el importe del abono.

No obstante señala la empresa que “nunca se produjo salida alguna de fondos públicos por parte de la Generalitat” porque “el pliego de condiciones del nuevo concurso incluía como obligación del nuevo concesionario, pagar una aportación inicial de 72 millones de euros”.

Con ello finalmente el concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud II UTE, e insisten en que no se pagó nada desde el erario público, y que en cambio “la Generalitat Valenciana obtuvo 3 millones de euros porque el canon que fijó en el nuevo concurso superaba la indemnización fijada en el rescate”.

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