El PP no vota a favor de la atención médica a los inmigrantes sin papeles

El parlamento valenciano ha certificado la devolución de la cobertura sanitaria universal aprobada por el gobierno autonómico en julio con los votos a favor de todos los partidos (PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos) y la abstención del PP.

La portavoz adjunta de este partido, María José Catalá, ha pedido al Consell que “no vaya por libre” y consensue con el gobierno central y el resto de las autonomías que todos los inmigrantes reciban las mismas prestaciones con independencia de su lugar de residencia en España. “¿O es que los demás no les importan?”, ha preguntado. Catalá también ha recriminado al gobierno valenciano la exigencia de al menos tres meses de empadronamiento para recibir cobertura, lo que, en su opinión, es “parcialmente solidario”.

Catalá también ha lamentado que la medida no ha sido acordada con el PP, “el principal grupo de la oposición”, y ha sugerido que la medida podría ser inconstitucional, al ser “una injerencia clara en las competencias del Estado”, quién tendría competencias en la materia.

“Una sanidad sin exclusiones”

La consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, ha defendido la iniciativa con vehemencia. “En cuestiones de salud, no hay inmigrantes y nacionales, hay personas, y la sanidad universal no debería tener exclusiones de ningún tipo, porque las enfermedades no entienden de fronteras ni de permisos de residencia”.

Montón ha cargado con dureza contra el PP y el ejecutivo de Mariano Rajoy. “La exclusión sanitaria no se justifica ni desde el punto de vista económico, ni de salud pública y menos de los derechos humanos, sino que es producto de un modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad”.

“El Gobierno del PP aplicó el decreto con ensañamiento, dado que se ha llegado a facturar por la atención sanitaria a la que tenían derecho de forma gratuita a mujeres embarazadas, niños y pacientes de urgencias”. Según la consellera, se ha llegado a intentar cobrar 2.000 euros a un menor por recibir atención en el pediatra. Se han denunciado constantemente casos de este tipo que incluso habrían afectado a extranjeros en situación regular en la Comunitat Valenciana.

El decreto aprobado garantiza a los inmigrantes sin papeles cobertura sanitaria total, incluyendo la asignación de un médico de familia y el acceso a atención en los centros de salud o especializados. Para acceder a los servicios, se deberá acreditar un mínimo de tres meses de empadronamiento, ser mayor de edad, no estar registrado ni autorizado a residir en España, y carecer de cobertura sanitaria en España o en terceros países a los que se pueda facturar por los servicios prestados.

Según la conselleria, en poco más de un mes casi 3.000 personas se han dado de alta en el sistema. Montón prevé que la medida beneficie a unas 30.000.