Refugiados en España: 20 años después ¿ha cambiado algo?
El país ha celebrado esta semana los 40 años de las elecciones democráticas tras la dictadura. Un homenaje que ha estado plagado de referencias, de alusiones a cómo hemos cambiado y de análisis de las preocupaciones de antes y ahora. En los setenta, los primeros discursos en las Cortes democráticas relataban problemas sociales como el paro, la economía y, también, el de los desplazamientos forzosos.
Años más tarde, a principios de los noventa, con una brutal crisis económica y un país más pobre que el actual, se acogió a cerca de 2.500 refugiados de Bosnia. España hace 20 años ya era un país de acogida, en especial de quienes huían del conflicto balcánico. Hoy, pese a que el Ejecutivo se comprometió con la Unión Europea a dar cabida a 17.000 personas, de las que sólo ha acogido a un 7%, casi a regañadientes, a pesar de las constantes reivindicaciones de las ciudades que claman por ser un refugio.
Esma Kucukalic, con 9 años, llegó de la mano de su madre y de su hermana en la última tanda de personas que pudo escapar de Sarajevo tras el sitio del ejército serbiobosnio en 1992. Según cuenta, partieron primero a Belgrado, pero allí las perspectivas no eran favorables. Escucharon por la radio que una ONG estaba repatriando a personas en su misma situación a España y, a través de ella, llegaron a Biar, un municipio alicantino en la comarca de l'Alt Vinalopó.
Iesa es de origen iraquí, de una ciudad cercana a Mosul. Hace casi dos años huyó de un terrritorio hoy devastado por el Estado Islámico hasta Estambul, donde él y su pareja contactaron con una mafia que prometió llevarlos a Europa. Tras 9 días encerrados en un camión, los dejaron en España sin explicarles ni en qué país se encontraban. Habían llegado a Barcelona y, a los pocos días, fueron trasladados a Valencia para ser atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Pese a haber dos décadas de diferencia entre sus marchas forzosas, ambos se encontraron con situaciones similares al llegar a España. Un laberinto burocrático, una gran respuesta solidaria de la ciudadanía y escasa implicación política. “En nuestro grupo de acogida colaboraron zapateros que nos daban calzado, fabricantes de juguetes que nos donaron lo mejor que tenían, jubilados que con su pensión nos compraban comida... Hubo un vuelco de solidaridad extraordinario”, cuenta Esma.
Iesa todavía no domina el idioma y contó su experiencia en la presentación del informe anual de la plataforma CEAR. Allí agradeció la labor de la asociación para ayudarle a buscar trabajo, a conseguir prestaciones sociales y a poder tener papeles. En el acto se denunció en varias ocasiones las dificultades que tienen las personas que se ven forzadas a abandonar su país de acceder a la documentación, a convalidar sus estudios, trabas para homologar los permisos de conducción y a obtener trabajo.
Esma, aunque era niña, tiene un recuerdo similar al de Iesa. “Nosotros ni siquiera teníamos el estatus del refugiado, se creó un tipo de permiso diferente: desplazados por causas excepcionales”. Este permiso duraba un año, pero sin derecho a trabajar, aunque sí permitía estudiar. “La burocracia era complicadísima, encontrar trabajo con la tasa de paro era una odisea, si se te acaba el trabajo te quitaban los papeles, pero tampoco podías regresar al país… año tras año había que renovarlo”, recuerda Esma.
Aún siendo una niña era consciente de su situación y decidió escribir a mano una carta al Rey, pidiéndole por favor que hiciera algo para que no tuvieran que volver a su país. “A los 15 días recibimos una carta de Zarzuela que nos respondía que se haría todo lo posible. Y pudimos quedarnos”, narra.
En la presentación del informe, CEAR denunció prácticas en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), como que estos no atienden a segundas solicitudes, retrasos de hasta 3 años en la admisión de las peticiones y que el Gobierno no destine más recursos. Esma se licenció en periodismo hace diez años y, a parte de trabajar en varios medios de comunicación, colabora en la Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo), que trabaja por el acercamiento entre culturas. Especializada en derechos humanos, considera que en 20 años apenas han cambiado los derechos de los refugiados. “Están abocados a que los sustente la buena voluntad de la gente y las ONG, pero no hay una infraestructura estatal que las apoye. Es un grave problema porque la sociedad se porta muy bien. El estado debe hacerse cargo, no puede recaer todo en una ONG, tiene que haber una política firme”, sentencia.
