La tormenta del alquiler

El mercado inmobiliario, paradigma de la injustica social

Misión imposible: arrendar una vivienda por menos de un tercio de los ingresos de la familia

El volumen de compraventas del mercado inmobiliario se acerca a niveles anteriores a la crisis de 2008, cuando el estallido de la burbuja propició una catástrofe social. Entonces, un urbanismo enloquecido y una hipertrofia del crédito hipotecario, fomentada por un sistema bancario desregulado, con exceso de capacidad instalada y en el que las entidades financieras ya no solo concedían préstamos sino que actuaban también como empresas promotoras, confluyeron en el desastre. Sin embargo, ahora que la presión no viene de las hipotecas, los precios de la vivienda son cada vez más inalcanzables para amplios sectores sociales porque el mercado refleja el creciente perfil rentista del capitalismo globalizado. Fondos de inversión, pequeños y grandes propietarios con fuerte predominio de capital extranjero y el fenómeno incontrolado de los alquileres turísticos convierten, gracias al déficit de políticas públicas, el acceso a la vivienda en un infierno.

Buena parte de los especialistas consideran, como explicaba a este diario Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y autor del libro 'El secuestro de la vivienda', que no veremos esta vez el estallido de una burbuja sino “un escenario de creciente desigualdad, muy parecido a la dinámica de principios del siglo XX, en el que el precio puede seguir subiendo y parasitando los salarios hasta que la sociedad diga basta y no asuma que una persona con trabajo y 40 años se vea abocada a alquilar una habitación”.

Dicho de otra manera, en nuestras ciudades, la dinámica de creciente desigualdad que impulsa esta fase del capitalismo global especulativo y tecnológico alimenta un ambiente de tormenta cada vez más activo en el ámbito de la vivienda. Un ámbito en el que los alquileres son la primera línea de conflicto que reclama atención en la agenda política de ayuntamientos y gobiernos. Por no buscar más lejos, esta última semana en València una vecina del centro histórico denunciaba presiones de un fondo buitre para abandonar su vivienda y el Sindicat d'Habitatge convocaba en Patraix una concentración para evitar el tercer intento de desahucio de un hombre y su madre, de 81 años y enferma.

No es casual que el último barómetro municipal, correspondiente al mes de junio, haya revelado que los ciudadanos de València sitúan la vivienda como el principal problema, el suyo propio, el de la ciudad, el de la comunidad autónoma y el de España. Ni que el Ayuntamiento haya aprobado estos días la compra de 134 pisos en el barrio de La Torre para alquiler asequible.

El alquiler asequible (no confundir con el alquiler social, que es una ayuda a personas con dificultades) adquiere unas connotaciones de misión imposible que las administraciones tratan de combatir dejando de arrastrar los pies en materia de política de vivienda, un movimiento en el que las diferencias entre las fórmulas que impulsan la izquierda y la derecha se hacen cada vez más evidentes. El equipo del PP y de Vox de la alcaldesa de València, María José Catalá, se resiste a utilizar la vía legal de las zonas tensionadas mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presiona para que se limiten los alquileres. La derecha en el gobierno municipal enfatiza su apuesta por una oficina contra el fenómeno residual de las ocupaciones de inmuebles mientras la oposición y la PAH reclaman medidas urgentes para luchar contra el acoso inmobiliario y contra la emergencia habitacional.

El alquiler asequible, que se considera aquel cuyo coste mensual no supera el 30% de los ingresos brutos del hogar, teniendo en cuenta servicios básicos como agua, luz y gas, es el objetivo de la nueva empresa pública que el Gobierno de España está poniendo en marcha a partir de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), desde donde se ha licitado la construcción de 1.600 viviendas en diferentes comunidades autónomas (entre ellas la Comunitat Valenciana, pese a que la Generalitat no ha declarado zonas tensionadas) y donde se gestionarán 13.000 pisos de los 40.000 inmuebles que posee la Sareb, el conocido como banco malo nacido de la reestructuración bancaria.

Además, el Ministerio de la Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, acaba de anunciar la creación de una plataforma como Idealista o Fotocasa para consultar los alquileres asequibles de su nueva empresa pública e incluso para gestionar el acceso a esos alquileres desde esa misma referencia. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que conoce esos proyectos y sabe que el presidente Pedro Sánchez trata de resetear la actividad de un ministerio poco eficaz desde que anunció en enero ventajas fiscales para el alquiler asequible, límites a los extranjeros no residentes y un sistema público de garantías, ha arremetido con contundencia contra la alcaldesa Catalá por rechazar sistemáticamente aplicar la ley de vivienda y negarse a limitar los precios del alquiler. “La principal obligación de una alcaldesa es conseguir que las familias no renuncien a su ciudad”, le ha recriminado Bernabé, que se perfila como candidata socialista a la alcaldía de la ciudad y, por tanto, adversaria de Catalá. Y es que también en València el de la vivienda es un reto mayúsculo.

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