Dos financiadores del PP con la Gürtel y una empresa de los papeles de Bárcenas, adjudicatarios de las ITV de las “mordidas” de Zaplana

Eduardo Zaplana, en el registro de su casa en Benidorm.

La Guardia Civil sospecha de que parte del dinero ilícito de Eduardo Zaplana que intentó repatriar y que ha desencadenado la Operación Erial salió de presuntas "mordidas" de la privatización de las ITV y de la adjudicación del primer plan eólico de la Comunitat Valenciana. Los agentes de la UCO requisaron de las dependencias de la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana ambos expedientes que les servirán para, al menos, poder seguir el rastro de los contratos.

La privatización de las ITV se produjo en el año 1997 y se dividió en cinco lotes a los que accedieron una docena de empresas que concurrieron al proceso en UTE. Entre los empresarios que ganaron este concurso se encuentra los más granado de la patronal valenciana de la época, que trabajó activamente para que Zaplana ganara las elecciones y para cerrar su pacto con los regionalistas de Unión Valenciana, con quienes pactó el PP para hacerse en 1995 con la Generalitat Valenciana.

Entre los adjudicatarios de aquel contrato se encuentran dos sagas familiares que en Gürtel confesaron financiar al PP valenciano, la concesionaria del agua de Valencia presidida por quien fue la mano derecha de Adolfo Suárez y los empresarios que urdieron y presionaron para que el pacto PP y Unión Valenciana llevara a Zaplana a la presidencia de la Generalitat. También estuvieron empresas que años después han aparecido en los papeles de Bárcenas o se han visto salpìcados por la trama Gürtel. 

La privatización de las ITV contravino los principios económicos de la época, porque este servicio lo ofrecía una empresa pública que era rentable. Además, esa externalización no supuso una reducción del precio puesto que las revisiones en la Comunitat Valenciana han sido durante años las más caras de toda España. Esta situación provocó un demoledor informe de la Sindicatura de Comptes que, si es bien estudiado por la Guardia Civil, puede aportar mucha luz a la actual investigación.

El lote 1 (Zona Castellón) del polémico concurso fue a parar a "Valenciana de Revisiones UTE", en la que estavan las empresas Levantina de Obras y Servicios SA, Inspecciones Técnicas y Verificaciones y Sedesa, la empresa de cabecera de la familia del exdirector general de la policía con Aznar Juan Cotino. Este último declara este jueves ante la Guardia Civil y sus sobrinos Vicente y José fueron detenidos en esta operación. Vicente ha confesado recientemente haber financiado al PP en los años 2007 y 2008.

El lote 2 (Zona Valencia Norte) se lo llevó una UTE entre Asistencia Técnica Industrial, CECAM SA, Tratamientos Medioambientales SA (Grupo Lubasa) y Juan Vicente Ortí Chuliá. Lubasa es propiedad de la familia Batalla de Castellón. El padre, Luis Batalla, estuvo dos años sin poder contratar con admnistraciones públicas por fraude fiscal. Su hijo, Gabriel es ahora presidente de la compañía y admitió haber financiado al PP de Francisco Camps.

Por su parte, Vicente Ortí Chuliá entró en la UTE como autónomo y es una persona muy vinculada al grupo Lladró, un holding empresarial que en los años 90 estuvo muy cercano a Unión Valenciana y financió el secesionismo lingüístico que machacó durante años a la izquierda local.

El lote 3 (Zona Valencia Oeste) fue a parar a Valenciana de Servicios ITV, formada por una filial de FCC y Aguas de Valencia. En aquella época, el presidente de la empresa valenciana era Fernando Abril Martorell, quien fuera mano derecha de Adolfo Suárez, en una sociedad controlada por los franceses de Bouygues, Banco de Valencia y el Banco Hispanoamericano. FCC fue donante del PP y aparece en los papeles de Bárcenas.

En Aseguramiento Técnico de Calidad SA, aparecen importantes empresarios valencianos. Arturo Virosque, el que fuera presidente de la Cámara de Valencia en las etapas del PP y Felipe Almenar, de Cyes, salpicada en Gürtel aunque salió indemne. También estaba Silvia Folch, esposa de Manuel Palma, empresario automovilístico y quien fue concejal de Paterna por el PP entre 2011 y 2015.

El lote 5 (Zona Alicante-Elche) reunió también a potentes empresarios y familias de la burguesía valenciana, en algún caso, también acusadas de pagar comisiones en el caso Taula. En la UTE "Control ITV Alicante" entraron la CAM, caja de ahorros que Zaplana manipuló a su antojo, Gesfesa, Pavasal y Mayve Obra Civil de Benidorm. 

Gesfesa es una firma de la familia Ferrando, en concreto la dirigía Federico Ferrando. Su hermano Rafael llegó a presidir Cierval en 1997 y fue uno de los mayores aliados de Eduardo Zaplana. De hecho, el expresidente presionó para dinamitar a su antecesor en la patronal autonómica José María Jiménez de Laiglesia.

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