El Puerto de Valencia indemnizó a Boluda con otra concesión por rescatar sus astilleros pese a que la ley permitía hacerlo sin coste
Para aplicar la reforma de la ampliación norte del puerto de Valencia, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) rescatará el suelo de la concesión que Unión Naval de Valencia tenía desde 1940 para los astilleros. La intención es situar en esos terrenos la nueva terminal de cruceros, el principal cambio propuesto en el nuevo plan del presidente de la APV, Aurelio Martínez, que todavía no tiene el visto bueno al carecer de un nuevo informe de impacto ambiental. La reforma ha llevado al rescate de esa concesión del Estado.
Según el informe de la APV en poder de eldiario.es el Puerto valoró en cuatro millones de euros el rescate de la concesión de Unión Naval de Valencia, cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM). Para no abonar dinero se lo canjeó por la entrega de otros terrenos portuarios con una nueva concesión de 35 años que sobrepasa la que tenía Unión Naval de Valencia y que caducaba en 2027.
Además, la nueva concesión ya no estará a nombre de Unión Naval de Valencia -la sociedad que desde 1940 era titular de los derechos-, sino a nombre de Boluda Corporación Marítima. Un cambio de titularidad muy importante y solicitado expresamente por el presidente de BCM, Vicente Boluda, a su vez miembro del Consejo de Administración del Puerto a propuesta de la Generalitat Valenciana.
Pero esa nueva concesión a BCM podía haberse hecho sin ningún coste para la APV, dependiente del Ministerio de Fomento, ya que los astilleros de Unión Naval de Valencia estaban en desuso desde 2012, cuando realizó un ERE de cierre por la falta de pedidos debido a la competencia internacional. Es más, la propia BCM reconoce en otro informe que Unión Naval de Valencia “no tiene actividad”, por lo que solicita que todo el proceso administrativo cambie la titularidad a la sociedad de Vicente Boluda.
La ley 2/2011 de Puertos del Estado contempla que las concesiones otorgadas a empresas caducan por “la falta de actividad o de prestación de servicio, durante el período de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de doce meses en el caso de concesiones”. Y ese parece que sería el caso de los astilleros, sin funcionamiento desde 2012. La concesión podría haber caducado. Una caducidad habría eximido al puerto de cualquier indemnización.
En las diferentes conversaciones que eldiario.es ha tenido con la APV sobre este tema, la entidad que preside Aurelio Martínez ha defendido que los astilleros estaban en funcionamiento porque en la actualidad “reparan contenedores”. Un argumento más que particular puesto que la concesión estatal condicionaba el uso a la construcción de barcos y buques. Como hizo desde 1940 a 2012.
Otro de los argumentos de la APV ha sido que mantener la terminal de cruceros en el muelle norte -donde se situó en el plan estratégico 2001-2020- “tendría un precio muy elevado” y está muy alejada de la ciudad, algo que se hizo en el anterior plan para reducir la contaminación en Natzaret y los demás Poblats Marítims. La ventaja de la nueva ubicación, apuntan desde el puerto, es que se consigue unificar todo el tráfico de pasajeros en una misma ubicación, el tráfico regular de Transmediterránea y de la “Operación paso del Estrecho” y los cruceristas.
Boluda ya recibió otra indemnización por otro rescate
No es la primera vez que la APV indemniza a Boluda por una concesión que tiene en desuso. El Puerto de Valencia pagó un rescate de 1,17 millones de euros a Unión Naval de Valencia por la concesión de la Escuela de Aprendices, que había cerrado seis años antes. En esas dependencias, el anterior presidente de la APV, Rafael Aznar, instaló las nuevas oficinas del recinto portuario.
Rafael Aznar fichó en 2017 por Boluda Corporación Marítima después de dejar la presidencia de la APV en 2015 y su posterior puesto de responsable de relaciones internacionales a las órdenes de Aurelio Martínez.
