La Diputación de Valencia presenta un protocolo tras 10 meses de la dana: cierre de centros y teletrabajo con aviso rojo

La mesa general de negociación de la Diputación de Valencia tiene previsto dar cuenta este miércoles de la “elaboración de instrucciones de emergencias climatológicas”, según recoge el punto cuarto del orden del día, un documento que no ha contado con la participación de las diferentes organizaciones sindicales, tal y como denuncia UGT. Fuentes de la corporación provincial, sin embargo, aseguran que se trata de un borrador que se completará con las aportaciones de los sindicatos.

Según el borrador del documento al que ha tenido acceso elDiario.es (completo al final de la información), se trata de un protocolo de actuación que deberá seguir el personal de la corporación provincial en caso de que las autoridades competentes decreten algún nivel de alerta por algún fenómeno meteorológico, ya sea amarillo, naranja o rojo. En caso de aviso rojo, entre otras medidas se contempla el cierre de los centros de trabajo que no sean esenciales y se priorizará el teletrabajo.

La presentación de este protocolo llega cuando se han cumplido más de 10 meses desde que tuvo lugar la dana del pasado 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. Una jornada en la que, sin embargo, los responsables de recursos humanos de la Diputación sí que reaccionaron ante el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a primera hora de la mañana y mandaron un correo al personal en torno a las 12.00 horas ordenándoles que se fueran a casa ante el riesgo existente a causa de las lluvias torrenciales.

En diciembre del pasado año, la Inspección de Trabajo amonestó a la Generalitat Valenciana por no haber avisado de manera adecuada y masiva a sus empleados para que no acudieran a sus puestos de trabajo el pasado 14 de noviembre, cuando Aemet decretó otra alerta roja por fuertes lluvias ante una segunda dana y con la Comunitat Valenciana aún en nivel 2 de Emergencia por la catastrófica riada del 29 de octubre. El inspector que firmó el requerimiento hecho al Gobierno de Carlos Mazón aseguró que se puso en “riesgo grave e inminente” a los funcionarios que acudieron a sus puestos de trabajo de la administración autonómica en los municipios afectados.

Tras este tirón de orejas, la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana elaboró un protocolo con medidas “precisas y coordinadas” con el fin de proporcionar instrucciones a los trabajadores de la administración autonómica con “la mayor anticipación posible”, y que establece que en caso de activarse un aviso rojo no tendrán que acudir a su puesto de trabajo y se prestará servicio en modalidad no presencial “si se dispone de los medios necesarios” y siempre que “sea posible”.

Pese a todo, UGT denunció recientemente que las consellerias de Educación, Sanidad y Justicia siguen sin activar sus protocolos específicas para el personal sanitario, docente o de los juzgados y que justamente después de esta reivindicación, la Diputación lleva este miércoles a la mesa general de negociación un documento que es en un 80% “una copia” del aprobado por Función Pública de la Generalitat.

Según la organización sindical, “el Gobierno de la Diputación no debe aprobar de forma unilateral este protocolo, porque afecta a las condiciones de trabajo de la plantilla de la Diputación de València, es por tanto materia de negociación colectiva, tanto desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, como por motivos organizativos”.

Desde UGT advierten de que “no puede pasarse este documento, tan importante de rondón por una mesa de negociación colectiva, sin debate, ni aprobación en el pleno de la Diputación”. Pero más allá de la formalidad de su negociación “este documento es más que deficiente, no ayuda a lo más importante, que es la prestación del servicio público y a la seguridad de la plantilla de la Diputación de València” puesto que, aseguran, “es un documento falto de información, con incoherencias y lagunas tan evidentes que es un documento poco útil desde el punto de vista de la seguridad y las emergencias”.

Como ejemplo han reseñado que no se distingue entre el personal de administración o el personal sanitario del Hospital General de València que depende de la Diputación. El documento sí que establece unas medidas concretas para “personal esencial” sin especificar más: “Es evidente que este punto del orden del día está motivado por las urgencias políticas de una corporación que a pesar de lo que se ha afirmado repetidamente no tiene un protocolo de actuación en emergencias. Exigimos al equipo de gobierno una negociación adecuada, para, sobre todo, mejorar este documento, debemos trabajar para garantizar la prestación del servicio público garantizando la seguridad de la plantilla y con este documento este hecho no se va a dar”.

Por su parte, fuentes de la Diputación de Valencia explican que lo que se presenta este miércoles “es un borrador para que los sindicatos hagan sus propuestas, y que no es el documento definitivo” puesto que todavía está “por trabajar e incluir la parte social”.