El Gobierno valenciano compensará a las empresas de las ITV por el parón de la pandemia para recuperar la gestión

La Generalitat Valenciana contará con una empresa pública para gestionar las diferentes estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV) a partir de 2023, tras 25 años de la privatización impulsada por el expresidente del PP Eduardo Zaplana, proceso por el que está a un paso de ser juzgado por los presuntos delitos de blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

El Gobierno valenciano notificó en septiembre del año pasado a las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no renovará los contratos una vez finalizada su vigencia el 31 de diciembre del presente año.

Sin embargo, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) solicitó en su momento una compensación por los casi dos meses de parón que tuvieron durante el confinamiento, cuando el Gobierno decretó temporalmente el cierre de las estaciones y posteriormente aunque se reabrieron, funcionaron a medio gas por las restricciones.

En este sentido, fuentes de la Conselleria de Economía han reconocido que jurídicamente existe una obligación de compensar de alguna forma las pérdidas que hayan podido sufrier las concesionarias, aunque la solución no está exenta de complicaciones puesto que a cada estación base le ha afectó de en diferente medida el confinamiento, en funciónn de su ubicación. Por este motivo, han pedido a Aecova-ITV que en la medida de lo posible hagan una propuesta conjunta.

Las fórmulas de compensación que maneja el departamento que dirige el conseller Rafael Climent son dos: por un lado, alargar el periodo de concesión durante un plazo aproximado de dos meses, por lo que las empresas mantendrían la gestión de las estaciones hasta marzo de 2023; la otra opción sería una aportación económica, aunque para eso, las empresas deberían de acreditar las pérdidas que hayan podido sufrir.

Aecova se reunió recientemente con la Conselleria de Economía Sostenible, a la que ha trasladó su predisposición para seguir prestando el servicio el tiempo que sea necesario hasta que “la Administración esté preparada para asumir la prestación del servicio público de la inspección técnica de vehículos con garantías, en beneficio de las conductoras y de los conductores de la Comunitat Valenciana, de los más de 1.200 trabajadores de las estaciones y de la eficiencia económica a favor del contribuyente”.

Los grupos del Pacte del Botànic en solitario (PSPV, Compromís y Unides Podem) votaron el pasado mes de junio en las Corts Valencianes a favor de la convalidación del decreto-ley que autoriza la creación de la Societat Valenciana d'ITV, la empresa pública que se encargará de la gestión.

Economía estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.