La pandemia agrava la vulnerabilidad en València: las ayudas para manutención, vivienda y pobreza energética se disparan

Las familias vulnerables y en riesgo de exclusión social han sido las grandes damnificadas de la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Sobre todo, los primeros meses de confinamiento derivados del estado de alarma decretado desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio, y el parón que supuso en la economía hizo que las personas con una situación más precaria tuviera que depender de las ayudas para poder salir adelante.

Así se desprende de los datos aportados por la Concejalía de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de València y por entidades como Cruz Roja, que ha desarrollado una importante labor de ayuda y acompañamiento hacia estos colectivos.

Desde el departamento municipal que dirige la concejala Isabel Lozano informan de que el pasado año se aprobaron 13.942 ayudas de manutención y necesidades básicas, casi el triple que las 5.620 concedidas en 2019. El Ayuntamiento destinó el ejercicio pasado 8 millones de euros a sufragarlas, cuatro veces más que el año anterior.

En cuanto a ayudas para hacer frente a la pobreza energética, desde Bienestar explican que desde el 15 de marzo hasta el 30 de septiembre estuvieron todos los suministros protegidos por la normativa estatal reguladora de las medidas de atención a la población por la pandemia de la COVID-19 (Real Decreto-ley 26/2020) por lo que, durante cerca de 7 meses no hubo apenas tramitaciones puesto que no había riesgo de corte de suministros.

Por lo tanto, “si bien es cierto que en 2019 se tramitaron más ayudas que en el 2020, como en este año solo se han tramitado ayudas en 5 meses, sí que en esos meses se ha tramitado un mayor número de ayudas por mes”.

Así, se concedieron a lo largo del pasado año 129 aportaciones para pagar recibos de gas, 1.075 para facturas de luz y 1.443 para el agua. En total, se dieron 2.647 ayudas con un coste de 580.658 euros.

Por su parte, según afirma Sara Casas, del Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja “con el impacto de la COVID-19 hemos visto cómo las necesidades se han disparado y por ello nuestro reto es incrementar en un 15% nuestra respuesta.

Para incrementar la intervención en el actual contexto de la pandemia, Cruz Roja ha tenido que adaptar sus metodologías para poder seguir atendiendo a las familias más vulnerables. “No podemos entrar en los domicilios, ni hacer formaciones en grupo y por ello se está potenciando las llamadas telefónicas individuales y los webinars grupales para ofrecer consejos de buenas prácticas de ahorro energético, asesoramiento con las facturas y detectar a través de estas llamadas cualquier necesidad adicional de intervención en los hogares como obras ante humedades, problemas de temperatura y confort en la vivienda, cuestiones de riesgo eléctrico, sustitución de calderas, etc”, indica Sara.

En el caso de la provincia de València, se han atendido a 567 personas atendidas, se han realizado 59 talleres realizados y se han realizado seis rehabilitaciones energéticas.

Ayudas para evitar desalojos de viviendas

En cuanto a las ayudas en concepto de apoyo para frenar la pérdida de vivienda así como adecuación de esta en unas mínimas condiciones de habitabilidad, fuentes de la Concejalía de Bienestar comentan que durante el año 2020, dado que la prioridad fue atender la manutención y necesidades básicas (y además hubo una normativa de protección que paralizó los desahucios durante meses), las ayudas de vivienda fueron un 16,68% del total y un 11,05% respecto al total del presupuesto. No obstante, el número de ayudas tramitadas y el presupuesto asignado ha sido superior en el año 2020 respecto del 2019.

En concreto, se concedieron 2.215 aportaciones el pasado año, un 18,5% más que en 2019, con un coste de 1,7 millones de euros, un 70% más que hace dos ejercicios.

La concejala, Isabel Lozano, asegura que se ha hecho “un gran esfuerzo por parte de los Servicios Sociales municipales para atender las necesidades básicas de la ciudadanía en este año de pandemia que está comportando una crisis social y económica grave”.

Además, añade que se han implementado “mecanismos y procedimientos nuevos y más ágiles y eficientes para dar respuesta al gran incremento de atenciones, prestaciones y presupuesto” y se ha incidido especialmente “en garantizar manutención, suministros energéticos y vivienda, así como en incrementar la atención domiciliaria a personas mayores y dependientes y la intervención integral con personas sin techo y que viven en asentamientos”.