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El Ministerio de Medio Ambiente autoriza el almacén nuclear de la central de Cofrentes

El proyecto que costará 3,9 millones de euros y estará operativo antes de septiembre de 2021 ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable

La concesión de Cofrentes finaliza en el año 2021 y su vida útil en 2024, pero con el almacén, la nuclear podría prolongar su vida útil hasta el año 2030, cuando el Gobierno prevé desactivarla

Ecologistas en Acción cuestiona los cambios en las cotas máximas de inundabilidad que aparecen en el documento inicial y en el final, al haber tres metros de diferencia

Imagen virtual del almacén de residuos nucleares a la derecha de las chimeneas

Imagen virtual del almacén de residuos nucleares a la derecha de las chimeneas

"Esta Dirección General, a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 'Almacenamiento temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes (Valencia)', por quedar adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturale".

Así finaliza el documento de declaración de impacto ambiental emitido el pasado 12 de junio por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de junio.

De esta forma, Iberdrola salva uno de los últimos trámites para iniciar las obras del almacén de residuos nucleares de la central que costará 3,9 millones de euros y estará operativo previsiblemente antes de septiembre de 2021.

La construcción de esta instalación en Cofrentes viene justificada por la previsión de que las piscinas en las que se almacena actualmente el combustible gastado completen su capacidad en el año 2021, cuando la vida útil de la central caduca en 2024, y ante el presumible retraso que experimentará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villas de Cañas (Cuenca).

El estudio ambiental deja claro que "no comprende el ámbito de la evaluación de los efectos ambientales derivados de la seguridad y salud en el trabajo, ni de la seguridad nuclear, protección radiológica, control y la vigilancia de la calidad radiológica ambiental, que poseen normativa reguladora e instrumentos específicos y están fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental".

Respecto a los riesgos de catástrofes en el emplazamiento del ATI se han considerado los de inundación, terremotos, incendios y descargas atmosféricas. En todos los casos quedan dentro de los parámetros asumibles tanto por las condiciones de la instalación como por las medidas de seguridad implementadas.

Según el documento, "el estudio de impacto ambiental contiene un programa de vigilancia cuyo objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas y correctoras descritas y de las incluidas en el estudio de impacto ambiental y los informes recibidos".

Además, añade que "en cada una de las fases de dicho programa, se realizará un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas y sus criterios de aplicación, emitiendo los correspondientes informes de vigilancia, que se remitirán al órgano ambiental de la comunidad autónoma y la Confederación Hidrográfica del Júcar".

Como ya informó eldiario.es, el ATI cuenta con una capacidad para 24 contenedores de residuos radioactivos y la previsión es de trasladar cinco contendores cada 24 meses. Esto daría daría la posibilidad a la central de funcionar hasta al menos el año 2031.

Además, de ponerse en marcha el almacén centralizado de Villas de Cañas, al que podrían trasladarse residuos de Cofrentes, aún daría más opciones de prolongar la vida útil de esta planta incluso más allá de 2031, puesto que la ATI tiene una durabilidad estimada de 50 años.

Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de febrero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la denominada Estrategia para una Transición Justa.

El primero de ellos, entre otras medidas, establece que la potencia eólica instalada se duplique de 2015 a 2030 y que la solar fotovoltaica se multiplique por nueve, mientras que la nuclear se reduciría a más de la mitad.

En el caso de la central de Cofrentes, la concesión caduca en el año 2021 y su vida útil finaliza en 2024. Sin embargo, según el plan del Gobierno ninguna cerrará antes de 2025, por lo que podría aceptar una prórroga que, para cumplir con el compromiso de reducción de potencia instalada y de emisiones enviado a la Unión Europea no podría ir más allá del año 2030.

Hasta ahora Iberdrola no ha manifestado oficialmente su decisión de ampliar el funcionamiento de la central, aunque sí que ha dejado entrever su voluntad.

El director de la central, Tomás Lozano, compareció en julio del año pasado en las Corts valencianas a petición del PSPV-PSOE y Compromís -apoyada por Podemos- para dar cuenta de la construcción del mencionado almacén.

El director insistió en que la construcción del almacén es necesaria e independiente del proceso de continuidad. Respecto a la posibilidad de alargar la vida útil del centro, señaló que es un debate político en el que ni la central ni Iberdrola van a entrar, aunque consideró que la energía nuclear es "necesaria" para "la transición del modelo energético".

Ecologistas en Acción cuestiona la declaración

La organización Ecologistas en Acción ha sido una de las que presentó alegaciones al proyecto del Almacén Tempor Individualizado (ATI).

Desde la entidad han criticado que la declaración de impacto ambiental no haya entrado en los efectos ambientales de las emisiones de radiaciones: "lo dejan todo en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero no tiene un equipo preparado para este tipo de evaluaciones".

Por otra parte, llaman la atención de que en el apartado de riesgos de inundación, el documento inicial establece que la zona de almacenamiento de la ATI estará a una cota de +368,20 metros, cuatro centímetros por encima de la cota máxima inundable.

Sin embargo, los ecologistas aseguran que el documento final sitúa la cota máxima de inundabilidad en la cota +370, 1,80 metros más de lo que figuraba en el primer documento: "además nunca estudian lo que pasaría si los dos embalses de Contreras y Alarcón se derrumbaran a la vez a consecuencia de un sismo, por ejemplo".

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