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Airbnb se prepara para identificar ante Hacienda a propietarios, intermediarios y clientes a partir de enero

Pese a sus reticencias iniciales, la plataforma de alquiler vacacional deberá cumplir con el decreto aprobado en mayo para reforzar el control de los propietarios, eventuales intermediarios y clientes

Deberán compartir con Hacienda datos del titular de la vivienda, el eventual subarrendatario y las personas a las que se les alquila; dirección completa y referencia catastral del inmueble; número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, fechas e importe percibido

La semana próxima Airbnb dará a conocer la herramienta con la que recabará estos datos, con los que se busca prevenir el fraude

La Comisión Europea da un ultimátum a Airbnb para que se ajuste a la normativa

EFE

Airbnb y el resto de plataformas de alquiler vacacional que operan en España se preparan para cumplir con el decreto que les obliga a partir de enero a recopilar datos fiscales de "anfitriones" y "usuarios" para compartirlos con Hacienda. "No hay novedad", explican fuentes del departamento de María Jesús Montero, más allá de la entrada en vigor en la fecha prevista de la orden ministerial aprobada en mayo, y que daba tiempo hasta enero de 2019 para que las empresas se preparasen. Fue una de las últimas órdenes que firmó el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, antes de abandonar la sede la calle Alcalá.

Los datos de los caseros y propietarios que hayan usado las plataformas durante todo este año 2018 deberán ser entregados al fisco entre el 1 y el 31 de enero de 2019. También deberán constar los detalles de los eventuales subarrendatarios que efectúen el alquiler, así como los de los clientes. A partir de esa fecha, la obligación será trimestral. Según publica Cinco Días, Airbnb va a presentar el próximo lunes una herramienta que ha creado para que los anunciantes cumplimenten este requerimiento de información. 

Se da la circunstancia de que un tercio de la oferta de Airbnb en España está en manos de propietarios y empresas con más de cinco pisos. Los diez mayores 'caseros', empresas especializadas en la gestión de apartamentos turísticos, controlan más de 4.000 anuncios en las grandes ciudades y zonas turísticas. La profesionalización de Airbnb, la empresa que comenzó haciendo gala de la llamada "economía colaborativa", ha acabado con la idea original de la plataforma: los propietarios que anuncian un único alojamiento solo representan el 40% de la oferta en España. En el país hay entre 130.000 y 140.000 anfitriones.

"La nueva obligación de información se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos", explica la disposición de Hacienda que entra en vigor en dos semanas. 

La orden ministerial, que se publicó en el BOE del 30 de mayo, acaba con varios meses de tira y afloja entre las plataformas y las autoridades españolas. Para las empresas, dar estos datos "distorsiona la competencia" y la ley propuesta es "confusa e impracticable". La queja que expresaron cuando se dio a conocer el borrador de esta orden es que "muchos de los datos que se requieren no están relacionados con impuestos, y otros datos no están disponibles para plataformas como Airbnb".

Un portavoz de esta empresa de alquiler se limita ahora a repetir el mismo mensaje que daban en julio pasado: "Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en normativas que faciliten que las personas puedan compartir sus hogares. Airbnb quiere ser un buen socio del gobierno en materia de impuestos y trabajar en una normativa de sentido común que permita a los anfitriones pagar su parte justa". Lo único que añade es que "en estos momentos no tenemos nada que compartir" con los medios de comunicación.

Tal y como aparece en la orden ministerial, las plataformas de alquiler vacacional deberán identificar al titular de la vivienda, en su caso, del que tiene el derecho a cederla y a las personas a las que se les alquila (cesionarios). También deberán dar la dirección completa y la referencia catastral del inmueble. El número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, las fechas y y el importe percibido por el titular deberán asimismo aparecer.

De manera opcional, pero para evitar eventuales peticiones de información adicional de la Agencia Tributaria, Airbnb, Homeaway y similares podrán dar también otros datos como la identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).

El cerco se estrecha

Los pisos turísticos son señalados desde sindicatos de inquilinos y gobiernos como responsables parciales de la subida de precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra–venta, especialmente en los centros de las grandes ciudades. Son varios los nuevos frentes con los que deben lidiar Airbnb y el resto de plataformas a partir del año que viene. 

En España, además de la citada obligación de compartir información fiscal, se prepara (como en otros países europeos) el impuesto a las plataformas digitales como Airbnb o Uber, del 3% de su facturación. La llamada "tasa Google" gravará a las empresas que venden datos, servicios de publicidad online o de intermediación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba recientemente que afectará a empresas tecnológicas que facturan por encima de 750 millones de euros.

Recordaba que hay plataformas de economía colaborativa "especialmente en el sector del alojamiento y el transporte" que están generando una actividad de miles de millones de euros y "que no tributan como deben", a veces "en competencia desleal" con la economía tradicional. En todo el año 2017 Airbnb solo pagó 72.000 euros de impuesto de sociedades en España, a pesar de que su cifra de negocio en este país se disparó un 57,2%. 

En EEUU en los últimos meses también se está estrechando el cerco. Los Ángeles y Nueva York son los dos principales mercados que tiene allí la plataforma. La ciudad californiana ha decidido restringir los alquileres vacacionales a las residencias habituales de los anfitriones, para así evitar que se adquieran viviendas para ponerlas en Airbnb y otras empresas similares. Sigue la estela de Nueva York, que recientemente ha endurecido su normativa exigiendo informes mensuales sobre los propietarios, en medio de demandas cruzadas entre la plataforma y el ayuntamiento.

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