La amenaza de otra prórroga a los Presupuestos de Montoro: unas cuentas para un mundo que ya no existe

El Gobierno lleva meses exhortando a la oposición a pactar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que sustituyan a los actuales, vigentes desde 2018 y elaborados por el Ejecutivo del PP bajo la tutela del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pedro Sánchez ganó la moción de censura durante su tramitación parlamentaria y pactó con el PNV mantener ese proyecto a cambio de sus votos para descabalgar a Mariano Rajoy. Los socialistas aceptaron conservar el principal legado político del PP a cambio de amarrar la Moncloa. 

Fue hace más de dos años, en una coyuntura política, económica y social que nada tiene que ver con la actual. La peor crisis sanitaria en un siglo ha derivado en la mayor contracción económica en España desde la Guerra Civil y que, a escala mundial, solo tiene parangón con la Gran Depresión de los años 30. En el caso de España, en el segundo trimestre registró una caída intertrimestral del PIB del 18,5%, la segunda mayor de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo superada por la de Reino Unido. La economía española, sumida ya en una durísima recesión, es una de las más afectadas por esta crisis por la dureza de la pandemia y su elevada dependencia del turismo y otras actividades donde el consumo es intensivo en contacto humano, como restauración y comercio minorista. 

Las cuentas actuales se configuraron para un mundo que ya no existe. Fueron aprobadas definitivamente en el Congreso en junio de 2018, con Pedro Sánchez recién aterrizado en Presidencia del Gobierno. Se han mantenido vigentes hasta ahora por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Tras sucesivas prórrogas, son las más longevas de la historia democrática de España.

Los presupuestos del Estado son una autorización de gasto limitativa. Determinan a qué se va a destinar el dinero público (los gastos) y el origen de esos fondos (de dónde vendrán los ingresos). Los actuales son, como señala a elDiario.es el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, para un mundo que “ya fue”. Habilitan gasto para unas políticas que no son las que se necesitan en esta situación de emergencia, en un momento en el que se debate, por ejemplo, cómo abordar una reindustrialización de España tras las carencias que ha evidenciado la crisis del coronavirus en la estructura productiva, o cómo canalizar los 140.000 millones de euros que vendrán del Fondo de Recuperación europeo pactado en julio, una inyección sin precedentes de la que 72.000 millones serán a fondo perdido. 

Un momento “inédito”

El reparto de esos fondos, que deberá incidir especialmente en áreas como la transición ecológica o la recuperación, es a juicio de los expertos uno de los principales motivos por los que urgen esos nuevos presupuestos. El fondo funcionará en base a proyectos concretos que presente cada Estado miembro, por lo que “tiene que haber una articulación entre cada país y el presupuesto europeo” e inversiones “que anuncien lo que se puede conseguir desde Europa”. Esto “requiere nuevos presupuestos tanto de España como de otros países”, recuerda Torres. “En Polonia ya tienen una unidad muy grande para formular, presentar y seguir proyectos cofinanciados por la UE”, añade.

El actual Gobierno de coalición —que incluye cinco ministros de Unidas Podemos— aspira a tramitar un nuevo Presupuesto este otoño pero de momento está lejos de conseguir los apoyos. El Ministerio de Hacienda, en manos de los socialistas, trabaja en su preparación después de la aprobación del Fondo de Recuperación. Entonces, en el último Consejo de Ministros de julio, la ministra María Jesús Montero reclamó “el concurso de todos” ante este momento “inédito” para hacer unas cuentas públicas que “tienen que ser la plasmación concreta de los fondos que se han negociado de forma tan satisfactoria con la Unión Europea y afrontar los grandes retos que tenemos de país”. En las filas socialistas creen que será imposible aprobarlos antes de que Catalunya tenga un nuevo gobierno que saldrá de unas elecciones para las que todavía no hay fecha. Los cálculos más optimistas aluden a final de año. Hasta entonces no será posible involucrar a Esquerra, en permanente campaña electoral.

Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, unos nuevos presupuestos evitarían “problemas a la hora de tomar las medidas necesarias para que el país pueda ponerse en marcha de nuevo”. y urgen “en un momento en el que necesitas credibilidad ante la UE y presentar unos planes que convenzan a gente que realmente no tiene muchas ganas de darte el dinero y tiene derecho de veto”.

Cuando se aprobó el proyecto de presupuestos todavía vigente hoy, la Comisión Europea acababa de revisar al alza las previsiones de crecimiento del PIB de la zona euro para 2018 y 2019, hasta el 2,3% y el 2%, respectivamente. España venía de encadenar tres años con crecimientos del PIB superiores al 3% en tasa anual. Eran otros tiempos: en el segundo trimestre de 2020, el PIB de los países de la moneda única registró una contracción récord del 12,1%. En julio, Bruselas pronosticó un batacazo del 8,7% para este año en la zona del euro. En el caso de España, tras el citado desplome del segundo trimestre, el Banco de España pronostica un derrumbe de entre el 9% y el 15,1% en 2020, en función de la evolución en la segunda mitad del año.

Cuando se aprobaron los últimos Presupuestos de Montoro, España venía de sumar 469.900 ocupados en el segundo trimestre de 2018. Esa creación de empleo récord contrasta con el dato del segundo trimestre de este año. Con la economía parada y España confinada, se destruyeron 1.074.000 empleos. Fue el peor trimestre de la serie histórica, como consecuencia de la hibernación forzosa de la actividad.

Por su parte, la tasa de paro aumentó en solo 55.000 personas en el segundo trimestre y se situó en el 15,33%. Pero esos incrementos, por efecto de los ERTE y por la metodología con la que se elabora la EPA (una encuesta), no reflejan la realidad del desastre laboral que propició la hibernación de la economía. Más fiable es el indicador de los inactivos (aquellos que ni trabajan ni buscan empleo), categoría que aumentó en 1.062.800 personas en el trimestre de la gran reclusión, o el número récord de personas que están cobrando la prestación o ayuda de paro, casi 6 millones.

Se espera que el impacto de la pandemia en el empleo muestre su verdadera cara a partir de este otoño, en función de cómo evolucione la situación epidemiológica y su impacto económico. Muchas personas que actualmente están en un ERTE pueden pasar a engrosar definitivamente las listas del paro y, previsiblemente, empezarán a levantarse algunas de las medidas de apoyo público extraordinario que se han puesto en marcha en los últimos meses.

Por el lado de los ingresos, las nuevas cuentas podrían plantear subidas de impuestos ante el desplome de la recaudación que ha propiciado la caída de la actividad, del 11% interanual solo en el primer semestre, y el aluvión de gasto para contener la sangría. Una posibilidad, subir impuestos, que en el caso de las empresas la patronal CEOE rechazó con denuedo en la cumbre que montó en junio, en paralelo a la Comisión de Reconstrucción del Congreso, mientras reclamaba apoyos públicos masivos para evitar un colapso económico.

En opinión de Torres, una reforma fiscal es necesaria, pero menos perentoria que otras como la educativa o la laboral, para “reducir la precariedad y la temporalidad”. Para Ignacio Zubiri, “está claro que en una situación de recesión lo mejor sería no tocar los impuestos”, pero cree que en este momento es necesaria una reforma fiscal que, más que una subida del Impuesto de Sociedades (que “no lo paga quien tiene pérdidas”, recuerda), elimine deducciones innecesarias y ponga el foco en las rentas altas o el IVA, donde hay “margen muy amplio para eliminar bonificaciones” ante el “brutal” déficit público que se avecina. La última estimación de AIReF para el conjunto de las Administraciones es un desfase de entre el 11,9% y el 14,4% para este año. El desequilibrio fue del 2,8% en 2019 y en 2018, cuando entraron en vigor los Presupuestos actuales, cerró en el 2,5%.

El descenso de los ingresos públicos y las medidas de apoyo estatal masivo para contener el derrumbe (singularmente, los ERTE, y otras como el Ingreso Mínimo Vital que se acaba de poner en marcha) van a propiciar un fuerte repunte de la deuda pública, que creció hasta junio en 82.473 millones, un 6,8% más, hasta un nuevo máximo histórico que ya roza los 1,3 billones. En una primera aproximación, ya equivale al 116% del PIB previsto para el conjunto del año, frente al 98,4% que alcanzaba cuando entraron en vigor los presupuestos actuales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que este año se situará entre el 117,6% y el 123,2%. Regresar al nivel del 95,5% registrado a finales del año 2019 “requerirá al menos dos décadas”, advierte. De momento, España no está teniendo problemas para colocar su deuda. Gracias al apoyo masivo del Banco Central Europeo (BCE), la prima de riesgo ha vuelto a los niveles previos a marzo.

La evolución de la deuda hasta marzo

Sin salida en V

Tras la gran reclusión, algunos indicadores en España estaban registrando una recuperación en forma de V, como es el caso de las matriculaciones de coches (tras el programa de ayudas públicas aprobado en julio). Pero los últimos conocidos en agosto, en medio del auge de rebrotes, apuntan a que la ansiada salida rápida de esta crisis se antoja ya imposible. Hace unos días la OCDE situaba a España en el vagón de cola de la recuperación y el indicador PMI sobre expectativas de gestores de compras en la Eurozona apunta a un frenazo de esa salida en V en agosto. 

Como señala Torres, “la recuperación estaba en marcha desde mayo”, pero las expectativas para el tercer trimestre se han enfriado a medida que se han disparado los rebrotes y los principales emisores de turistas, singularmente Reino Unido y Alemania, han vetado a España como destino. Esto ha llevado a la patronal Exceltur a elevar esta semana su previsión de pérdidas para la campaña de este año a casi 100.000 millones. A eso se suma el impacto en la confianza de los hogares, que están disparando su tasa de ahorro. El director de Coyuntura de Funcas no prevé una recuperación completa de España hasta 2023 “siempre que los rebrotes no vayan a más y no haya un segundo confinamiento”, y advierte de que “lo peor sería que no fuera posible la vuelta al colegio” porque supondría un “cuasi confinamiento” para las personas con hijos que no pueden teletrabajar.

Legislatura larga

Las cuentas públicas del año que viene son también fundamentales para asegurar la continuidad del Gobierno y que se cumpla el pronóstico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de que la legislatura sea larga. PSOE y Unidas Podemos coinciden de partida en reeditar la alianza parlamentaria que dio la investidura al líder del PSOE el pasado enero. Es la opción más acorde con el acuerdo de coalición y la que genera menos tensiones entre los dos socios. Pero los socialistas no han abandonado la idea de sumar a Ciudadanos, que podría además sustituir a ERC en caso de que los 13 diputados que comanda Gabriel Rufián rechazaran el acuerdo, como ocurrió en 2019. Entonces, la derrota en los Presupuestos llevó a Sánchez a convocar unas nuevas elecciones. 

La llamada vía Ciudadanos inquieta en Unidas Podemos, donde temen que la presencia del partido de Inés Arrimadas haga girar a la derecha los Presupuestos y diluya su impacto en esas cuentas. Aunque durante el estado de alarma el grupo confederal acogió el apoyo de sus diez diputados cuando peligraban las prórrogas de la excepcionalidad, la creciente relación entre la parte socialista del Gobierno y Ciudadanos se ha vuelto más incómoda para los de Iglesias. 

De momento el compromiso por parte del presidente del Gobierno es el de cumplir el acuerdo de coalición, si bien el PSOE mantiene en público su apuesta por atraer a Ciudadanos ante la incertidumbre por las elecciones catalanas. El partido de Arrimadas, por el momento, ha pedido documentos para poder hablar de su hipotético apoyo a las cuentas. “Hay que poner documentos sobre la mesa y, sobre eso, empezar a trabajar”, dijo la semana pasada la portavoz de su ejecutiva, Melisa Rodríguez. 

Aunque la parte socialista del Gobierno —y también Ciudadanos— han incluido al PP en sus llamamientos a apoyar las cuentas del año que viene, el respaldo del partido de Pablo Casado está totalmente descartado. El líder de los populares lo dejó claro el pasado jueves (“No podemos formar parte de la gobernabilidad de Sánchez porque somos su alternativa”, dijo). 

Pero es que también avisan los aliados de la investidura, muy críticos con cómo la parte socialista el Ejecutivo ha gestionado la salida de España de Juan Carlos I, otro elemento que ha evidenciado en las últimas semanas las diferencias entre los socios que llevaron a Sánchez a la Moncloa. En contraposición, la posición de Ciudadanos en la crisis por la marcha de España del emérito está alineada con la del PSOE. ERC y EH Bildu han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para que dé explicaciones por este asunto. 

El PNV, por su parte, ha lamentado “la poca claridad con la que se enfrenta esta situación en el Estado español”. La formación jeltzale ya permitió en 2018 que el PP aprobara con Ciudadanos las cuentas que siguen vigentes en la actualidad. Si sus seis diputados no bloquean la negociación por la presencia del partido de Arrimadas, el Ejecutivo podría prescindir de ERC y Bildu si suma a Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Coalición Canaria. 

Un escenario que los expertos consideran absolutamente indeseable es el de una nueva prórroga de las cuentas que obligara al Ejecutivo a gobernar como hasta ahora a golpe de decreto-ley para, en palabras de Ignacio Zubiri, “realizar gastos que permita el mínimo común denominador de la oposición porque esos decretos hay que convalidarlos”, con medidas “irrechazables cara a la Cámara”. El catedrático cree que España debe “demostrar ante la UE que está ante un país serio, capaz de elaborar unos presupuestos y tomar decisiones, que tiene proyectos e ideas para gastar el dinero que está pidiendo, y que además de querer ayuda de los demás está dispuesto a ayudar”.